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AragónLa ley permite a los municipios reducir el nivel máximo de ruido
Redacción (NJ) (Sep 25, 2009) Aragón
La ley del Ruido de la DGA permite a los ayuntamientos reducir los niveles máximos de contaminación acústica marcados por la normativa estatal y les da potestad para ejercer la prevención, el control y la imposición de sanciones en esta materia. El texto establece multas de hasta 300.000 euros en las infracciones muy graves, idénticas a las marcadas en la ley del Estado, reconoce el derecho de los ciudadanos a ser informados de la calidad acústica de la vivienda que vayan a comprar y crea la figura del paisaje sonoro protegido para zonas de interés ecológico.

El proyecto de ley de Protección contra la contaminación acústica de Aragón fue aprobado por el Consejo de Gobierno. Básicamente, adapta las exigencias de la ley estatal en la materia a la realidad aragonesa, y da amplias competencias a los entes locales y las comarcas. De hecho, mantiene los niveles máximos de ruido tipificados por el Estado (por ejemplo, los emisores acústicos no pueden exceder los 25 decibelios por la noche junto a los dormitorios de una vivienda), pero permite a los municipios que recorten esos índices máximos, es decir, que fijen sus propios límites por debajo de los estatales en caso de que sea necesario.

El texto obliga a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a elaborar un mapa del ruido (la ley estatal solo hace esta exigencia al Ayuntamiento de Zaragoza), en el que se determinen los límites de cada zona. Además, tipifica las áreas según su sensibilidad frente a la contaminación acústica (naturales, de alta sensibilidad acústica, de uso residencial, de uso terciario, de usos recreativos y de espectáculos al aire libre, de usos industriales o de usos de infraestructuras y equipamientos). Y establece los programas de corrección, herramientas para mejorar la calidad acústica en los casos en los que se superen los índices máximos.

La ley incluye un régimen de infracciones y sanciones. Estas últimas pueden llegar a los 300.000 euros en casos de incumplimientos muy graves (como los que se produzcan en zonas de protección acústica especial), unas cantidades idénticas a las de la ley estatal. Y faculta a los funcionarios municipales para realizar mediciones en el ejercicio del control de emisiones, según explicó el vicepresidente y portavoz del Gobierno, José Ángel Biel.

  
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