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AragónLa DGA niega que la Generalitat haya puesto trabas al regreso de los bienes
Redacción (NJ) (Jan 04, 2008) Aragón

Fuentes oficiales de la Presidencia del Gobierno aragonés, en un intento de mantener el litigio de los bienes de la diócesis de Barbastro-Monzón fuera del ámbito administrativo, aseguraron ayer que el Obispado de Lérida "nunca ha solicitado autorización a la Generalitat para trasladar las piezas a Aragón". Esa tesis supone negar que el Ejecutivo catalán haya puesto trabas, mediante su legislación en patrimonio cultural, al cumplimiento de las sentencias vaticanas que obligan a la devolución de los bienes.

La realidad, sin embargo, es muy diferente. Como se puede comprobar en los documentos oficiales de la Generalitat reproducidos en esta página, el Obispado de Lérida presentó el 14 de octubre de 2005 una solicitud ante el departamento de Cultura en la que solicitaba, de acuerdo con el artículo 45.1 de la ley de patrimonio cultural catalán, la tramitación de un expediente administrativo "para conceder o denegar la necesaria autorización" para disponer de las obras artísticas reclamadas por las parroquias aragonesas con el objetivo de "dar cumplimiento a la entrega de las piezas establecido en el decreto de la Congregación de los Obispos que fue notificado al Obispado de Lérida el 20 de septiembre de 2005".

Tras el reavivamiento de la polémica en los útimos meses por el traslado de los bienes al nuevo museo diocesano y comarcal de Lérida, que acredita definitivamente la nula intención de las instituciones civiles y eclesiásticas catalanas de cumplir las sentencias canónicas (que tienen plena validez en el ordenamiento jurídico español) la DGA ha sostenido, contra toda evidencia, que el Obispado de Lérida no había pedido una autorización expresa, sino que únicamente había solicitado información a la Generalitat por si tuviera que reclamar posteriormente su permiso.
Solicitud oficial

Lo cierto es que la Consejería de Cultura tramitó el expediente como lo que era, una solicitud de autorización de traslado que venía obligada por estar catalogados los bienes como patrimonio catalán y sujetos al citado artículo 45.1. En la resolución, firmada el 5 de abril de 2006 por la entonces consejera catalana Caterina Mieras, se explicitan los diferentes pasos dados para cumplimentar el expediente, entre los que figura el envío de oficio al Obispado de Barbastro-Monzón, el 15 de marzo de 2006, como parte interesada para que pueda alegar.

Otras de las anotaciones relevantes de la resolución es que el Obispado de Lérida, "en clara y evidente incongruencia", solicitó en sus alegaciones la denegación de la autorización del traslado que previamente había pedido y que desencadenó el expediente de la Consejería de Cultura.

A pesar de ello, la resolución de Mieras, en la que se asegura falazmente que la propiedad de los bienes no está determinada por sentencia firme, fue la estimación parcial de la petición inicial del Obispado ilerdense para permitir el traslado de las piezas, pero con una serie de condiciones que resultaban inaceptables, de cumplimiento extremadamente complejo y que no respetaban la voluntad del Obispado de Barbastro como legítimo propietario.

En concreto, y como cláusulas más importantes, se exigía respetar "la unidad e integridad de la colección del museo de Lérida mediante la gestión unitaria de la citada colección por parte de un órgano de carácter ejecutivo y decisorio en el cual deben estar representadas todas las partes afectadas en este conflicto" y que, "una vez garantizada la unidad de gestión de la colección, se facilite la creación de más de una sede museística a fin de que haya dualidad de sedes en el territorio catalán y aragonés".

Previamente, en la resolución se explicita que para establecer ese condicionado también se ha tenido en cuenta la falta de acreditación documental, "con la certificación o resolución correspondiente", de que los bienes hubieran sido catalogados por el Gobierno aragonés. Sin embargo, la DGA tiene abierto desde 1999 ese expediente de catalogación, y aunque no lo ha cerrado todavía, las piezas también gozan de su protección normativa.

El dictamen de Mieras fue acogido de manera muy distinta por la DGA y el Obispado de Barbastro. El presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, pese a lo que ahora se pretende sostener desde su departamento, calificó la resolución como "paso trascendental" para resolver el litigio. El obispo de Barbastro, Alfonso Milián, no tardó ni un día en señalar que las condiciones eran "inaceptables".

Unos días después, el 17 de abril de 2006, Iglesias y Milián se reunieron en la capital del Vero y acordaron, sorpresivamente, no hacer valoraciones públicas. Solo se emitió un comunicado en el que -otra vez- se cambiaba el discurso para asegurar que la resolución de la Generalitat "no afecta a las instituciones aragonesas, tanto civiles como eclesiásticas", aunque "abre la vía" al cumplimiento de la sentencia vaticana.

Lo que resulta más chocante de esa declaración es que desde diciembre de 2005 la DGA tenía en su poder un informe jurídico en el que se afirma que la Generalitat no puede aplicar el artículo 45.1 de su ley de patrimonio a los bienes de las parroquias aragonesas porque, aunque formen parte de su colección, no lo hacen como fondos permanentes, sino como depósitos temporales sujetos al derecho de su propietario para reclamar su devolución sin que se precise permiso de la administración. Por lo tanto, la Generalitat no tendría base legal para autorizar el traslado.

Además, el informe resalta que, en todo caso, Cataluña "no tiene competencia plena para denegar la autorización" porque las piezas del litigio constituyen un depósito temporal voluntario de un bien situado en territorio aragonés en una institución ubicada en territorio catalán. Cataluña no puede convertir el depósito en forzoso denegando su traslado unilateralmente (lo que puede trasladarse a un denegación de facto con condiciones imposibles), sino que la decisión debe tomarse conjuntamente con Aragón. Se trataría, por lo tanto, de una competencia compartida, pero la Generalitat no consultó en ningún momento con la DGA para elaborar su resolución.

El Ejecutivo aragonés tenía en su poder el informe cuando se conoció el dictamen de Mieras y cuando se reunió con Milián para adoptar una postura conjunta. A pesar de ello, ni la DGA ni el Obispado utilizaron ninguno de los argumentos que ofrece (aparte de las falsedades contenidas en la propia resolución) ni para valorar la decisión de la Generalitat ni para, mucho menos, impugnarla. Pese a la actitud del Gobierno catalán, el Ejecutivo aragonés insiste en mantener que el litigio es una cuestión meramente eclesiástica, por lo que rechaza ejercer acciones por la vía contencioso-administrativa o civil.

  
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