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 Las Cortes cierran la legislatura con el Estatuto como principal logro para Aragón
Redacción (NJ) (Jan 03, 2008) Aragón |
 Los últimos meses de actividad parlamentaria en el Congreso y el Senado se han convertido en los más activos de toda la legislatura en lo que se refiere a Aragón. Desde la negociación y tramitación del Estatuto, que llevó más de cuatro meses, hasta las reivindicaciones ante el Gobierno central de dos de los grandes contenciosos de Aragón con el Estado: la deuda tributaria y su decisión de no amparar a la Comunidad en el conflicto de los bienes. Aunque los tres fueron los grandes temas, solo el Estatuto tuvo un buen final. Tanto la deuda como los bienes quedan todavía pendientes de solución.
La tramitación del Estatuto de Aragón supuso una novedad en cuanto a la forma de tramitación, ya que se negoció directamente con representantes del Parlamento aragonés, a pesar de que, de acuerdo con el reglamento del Congreso, no era legalmente necesario. Esta decisión, que se ha repetido con las otras Comunidades, hizo que los portavoces en las Cortes de PSOE, Jesús Miguel Franco; PP, Antonio Suárez; PAR, Javier Allué e IU, Adolfo Barrena tuviesen que medirse con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, el de relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, y otros altos cargos estatales. En medio, pero apoyando los planteamientos de Aragón, estuvieron el diputado del PSOE, Jesús Membrado, y el del PP, Ángel Pintado. CHA, que había anunciado su voto en contra, no participó en la negociación.
Durante esta fase, los derechos hídricos que se arroga el Estatuto de Aragón fueron la parte más polémica y la que centró buena parte de las maniobras del Gobierno central para mermar el texto. Como ejemplo, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, llegó a amenazar con quitar del Estatuto el artículo que reconoce los derechos históricos de Aragón si no se cedía en la reserva hídrica de 6.550 hm3. La unidad que mostraron todos los representantes aragoneses durante la negociación obligó finalmente al Ejecutivo a aceptar las grandes líneas del texto que habían enviado las Cortes de Aragón.
Pero si la negociación estatutaria es el gran éxito de Aragón en lo que afecta al último año de actividad de las Cortes Generales, buena parte del resto de los asuntos tratados son solo gestos que después no han servido prácticamente para nada. Como ejemplo, está todo lo sucedido en torno a la deuda tributaria con Aragón que el Gobierno central se resiste a reconocer.
Mientras en el asunto del Estatuto el Congreso fue el gran protagonista, en el resto de temas ha sido el Senado quien ha llevado la iniciativa. En cuanto a la deuda tributaria, la Cámara Alta, a propuesta del PAR, con el apoyo del PP y el PSOE, se encargó el pasado año de forzar el inicio de negociaciones oficiales entre el Gobierno central y la DGA para solventar el pago de los más de 590 millones de euros que reclama el Ejecutivo PSOE-PAR al Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Como las negociaciones fueron bloqueadas por el Ministerio de Economía, el Senado tuvo que volver a pronunciarse. Esta vez exigió ya directamente el pago de un anticipo. Sin embargo, en este caso el PSOE votó en contra y ese anticipo nunca ha llegado.
El otro conflicto abierto, el de los bienes, sigue un camino parecido. PP y PAR han sumado sus votos, pero el grupo parlamentario del PSOE no se ha posicionado siempre como el PSOE aragonés, lo que ha impedido a las Cortes Generales colaborar con eficacia en la búsqueda de una solución.
Por último, también ha habido numerosas iniciativas sobre infraestructuras, presentadas además de por PP y PAR también por CHA. En este punto, el principal fiasco estatal se centra en obras comprometidas en el Plan Específico de Teruel.
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