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InternacionalLiberados el funcionario español y los 350 obreros retenidos en Brasil
Redacción (NJ) (Dec 12, 2007) Internacional

Después de cuatro días secuestrado por el grupo de los indios 'Cinta Larga', el funcionario español del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos David Martín Castro, fue liberado el martes en el Estado brasileño de Rondonia. Su puesta en libertad se produce el mismo día en que los indios de la etnia enawane nawe liberaron a los 350 trabajadores de una central hidroeléctrica que también retenian desde el viernes.
Responsables de la Fundación Nacional del Indio confirmaron que junto a Martín fueron liberados los otros cuatro rehenes tras una "difícil negociación", que realizó el presidente de esa institución, Marcio Meira.

Meira había asegurado estar seguro de que los indígenas liberarían al representante de Naciones Unidas de nacionalidad española y a otras cuatro personas que fueron secuestradas en una zona remota de la selva amazónica el pasado sábado.

Por su parte, los indios brasileños de la etnia enawane nawe liberaron el martes a los 350 trabajadores de una central hidroeléctrica que mantenían retenidos desde el pasado viernes en el estado de Mato Grosso.

La Fundación Nacional del Indio garantizó que volverá a estudiar el impacto ambiental de las obras de las centrales hidroeléctricas contra cuya construcción protestaban los indios.

Para tal fin, la Funai formará un grupo de trabajo constituido por el gobierno del Estado, la Fiscalía brasileña y la Universidad Federal de Mato Grosso, según relató el superintendente de Asuntos Indígenas del Estado, que participó en las negociaciones con los indios.

Este grupo de trabajo mantendrá una reunión con los enawane nawe antes del final de este año.

Los indios habían cortado varias carreteras del estado de Mato Grosso, con flechas y lanzas, desde el viernes pasado, y mantenían aislados a los 350 obreros que trabajaban en la construcción de cinco centrales hidroeléctricas, cuya paralización reclaman los indios.

La Funai no aclaró si ha atendido a las exigencias económicas de los indios, que demandaban compensaciones económicas por la construcción de las represas.

Según alegan, las centrales hidroeléctricas modificarán el ecosistema de las tierras que ocupan en el estado de Mato Grosso, limítrofe con Bolivia y Paraguay.

La compañía Juruena Participaciones e Inversiones, responsable por las obras, había ofrecido 2,4 millones de dólares (1,6 millones de euros) para distribuir en partes iguales entre las once etnias que dependen del río Juruena y serán afectadas por las hidroeléctricas.

  
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