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 El plan especial de depuración genera un déficit de 8 millones de euros anuales
Redacción (NJ) (Dec 07, 2007) Aragón |
Los informes del Departamento de Economía reconocen que el canon de saneamiento no cubre toda la inversión, aunque Larraz dice que las cuentas salen. A partir de 2010 la Unión Europea prohíbe a las Administraciones subvencionar las obras hidráulicas con fondos públicos.
El plan especial de depuración (PED) que el Departamento de Medio Ambiente puso en marcha en 2004 genera un déficit de unos ocho millones de euros anuales. En teoría, las 132 depuradoras y el resto de infraestructuras incluidas en este ambicioso programa tienen que financiarse íntegramente mediante el canon de saneamiento que ya pagan decenas de miles de ciudadanos. Sin embargo, lo recaudado mediante esta tasa ecológica no basta para hacer frente a todas las inversiones.
Este periódico ha tenido acceso a un informe del Departamento de Economía elaborado antes de que la DGA llegara a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza. En el escrito se dice que, en el mejor de los escenarios, el plan especial de depuración presenta un déficit de entre 115 y 220 millones de euros para el periodo 2007-2029. En el caso de que la capital aragonesa se hubiera quedado fuera del sistema, ese agujero se habría disparado hasta una horquilla de entre 370 y 470 millones de euros.
Ese documento ha quedado desfasado porque el convenio firmado por el Gobierno de Aragón y el Consistorio zaragozano para que la ciudad se incorpore al PED cambia las cifras. Sin embargo, un segundo informe ya actualizado al que también ha tenido acceso este periódico ratifica que el programa diseñado por el Departamento de Medio Ambiente para depurar las aguas residuales de todos los municipios de 1.000 o más habitantes equivalentes (magnitud que expresa la carga contaminante de una población) genera un déficit de unos ocho millones de euros anuales.
Ese dato es un promedio que puede elevarse hasta 10 o 12 millones si la situación económica es mala, pero se sitúa en la línea de los números anteriores y confirma que las 132 depuradoras y el resto de infraestructuras proyectadas en el plan especial de depuración no pueden pagarse solo con el canon de saneamiento.
Este balance deja al Ejecutivo autonómico en una posición difícil, ya que a partir del año 2010 la Directiva Marco del Agua prohíbe a las Administraciones públicas subvencionar las obras hidráulicas en aplicación de la recuperación de costes -principio que establece que deben ser los usuarios los que paguen como fórmula para fomentar el ahorro y que ya se aplica en el PED-. Esto significa que, por ejemplo, los 340 millones que ha prometido la ministra Cristina Narbona no podrán utilizarse con este fin.
Según el Departamento de Medio Ambiente, el plan de depuración tiene un presupuesto de 1.062 millones de euros, unos 250 más que cuando se presentó en junio de 2004. Esa cifra incluye tanto el coste de la construcción de los equipamientos como el de su explotación durante 20 años, pero la DGA no ha tenido que adelantar ningún dinero gracias al sistema de concesión de obra pública elegido por la Consejería que dirige Boné. Con este método, las empresas adjudicatarias de las depuradoras adelantan toda la inversión y la recuperan cobrando por cada metro cúbico de agua tratada.
Los fondos con los que se les paga provienen del canon de saneamiento. Desde el 1 de julio de 2005, los habitantes de los municipios en los que se va a construir algún equipamiento pagan el 50% de ese impuesto ecológico. Conforme las depuradoras se vayan poniendo en marcha, esas poblaciones tendrán que abonarlo íntegramente como ya están haciendo las localidades que sí depuran sus vertidos.
El problema es que, según las cuentas del Departamento de Economía, y a pesar del acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, la recaudación del canon no es suficiente. Además, todo indica que el déficit actual se agravará en la segunda fase del plan, la que llevará la depuración a todos los núcleos habitados de Aragón independientemente de su tamaño.
A pesar de los informes conocidos por HERALDO, el consejero de Economía, Alberto Larraz, negó ayer que el PED presente un déficit. "Lo único que puedo decir es que después del acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza las cuentas salen y que por eso las hemos aprobado", señaló. El dirigente socialista destacó no obstante que una planificación a 30 años como la que se está haciendo hace que siempre haya un margen de error. "Puede que al final haya un pequeño déficit, pero también que el Gobierno de Aragón salga ganando algo", sostuvo el responsable de Economía.
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