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 El Gobierno mexicano no busca a corto plazo el desarme de las autodefensas michoacanas
Redacción (NJ) (Jan 23, 2014) Internacional |
 El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, define la violencia que sacude este estado mexicano como «un conflicto de debilidad institucional y falta de confianza ante las autoridades, (pero) bajo ninguna circunstancia supone escenario de guerra».
Hombre de confianza del presidente Enrique Peña Nieto, Castillo afirmó ante un grupo de corresponsales extranjeros que el objetivo principal del Gobierno «pasa por el no choque, por la no confrontación y al mismo tiempo por el control territorial». A corto plazo, no considera prioritario el desarme de los proclamados «grupos de autodefensa», civiles alzados en armas desde febrero de 2013 para enfrentar al cártel de Los Caballeros Templarios. Respecto a esta organización criminal, el funcionario indicó que «buscamos neutralizar sus capacidades de operación, lo que incluye cortar sus fuentes de financiación».
Castillo define a los Templarios como un cártel «sui generis, distinto a las que generalmente conocemos como organizaciones dedicadas al trasiego de drogas«, que está organizado «como si fuera una empresa». En funcionamiento desde 2010 tras escindirse del cártel de La Familia Michoacana, los templarios se han aprovechado del deterioro institucional en el estado, de «una base social extendida» (gracias a «una especie de adoctrinamiento») y de su marcado sentido territorial para asentar su estructura y extender sus actividades.
Despliegue
No ha sido hasta la llamada de auxilio del Gobierno estatal cuando el Ejecutivo federal se ha puesto manos a la obra (4.800 policías federales y 4.500 elementos de la Armada y el Ejército han sido desplegados en la región de Tierra Caliente) para intentar «neutralizar sus capacidades de operación, de organización, de reclutamiento, de financiamiento y de generar violencia. Si bien tenemos que llegar a la captura (de los criminales), lo fundamental es neutralizar sus actividades». En este sentido, Castillo reveló que existen 26 «objetivos específicos prioritarios» y alrededor de un centenar de jefes de plaza.
Por otra parte, durante la presentación del último informe de la organización Human Rights Watch, su director para Latinoamérica, José Miguel Vivanco, denunció que «el Gobierno federal ha estado totalmente ausente. Lleva un año en el poder y no se ha dado por enterado de que existe este fenómeno (de las autodefensas) y que se está lamentablemente propagando en México. Da la impresión que el Gobierno de México ha ido aprendiendo en el camino, improvisando su posición frente a un hecho que es de la mayor gravedad. Las autodefensas son un cáncer que han padecido países como Colombia durante varias décadas. Es muy fácil caer en este tipo de modelos donde se genera un ‘Frankenstein’ que luego ningún gobierno controla».
Desde Canadá, Enrique Peña Nieto rechazaba estas acusaciones para defender que en su primer año de Gobierno, «como las cifras y la estadística claramente lo acreditan, es claro que hay una disminución real de los niveles de violencia. (En Michoacán), el Gobierno con toda claridad y con toda precisión ha afirmado que es el Estado mexicano el único responsable de mantener las condiciones de seguridad». |
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