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 Contrapunto La transparencia no llega a los colegios
Aceprensa I.Aréchaga (Apr 19, 2013) Reportajes |
 Transparencia es el nuevo santo y seña en la esfera pública. El ciudadano tiene derecho a saber, desde la fortuna de los políticos a los contratos con la Administración. Hay que saber en qué se gasta el dinero de los contribuyentes y con qué resultados. Ya está comprobado que el secretismo y el silencio administrativo son el caldo de cultivo de la corrupción y las malas prácticas.
En este clima sorprende que el sector escolar sea todavía tan opaco. Mientras el gobierno prepara una Ley de Transparencia, la consejería de Educación de la Junta de Andalucía anuncia unas normas para la evaluación del sistema educativo basado en el criterio de que las familias y la opinión pública no dispongan de los datos que les permitan saber qué tal lo hace cada centro.
De entrada, establece que los resultados de la evaluación “no podrán ser utilizados para valoraciones individuales del alumnado ni para establecer clasificaciones de los centros o del profesorado” (art. 3). Al presentar el proyecto de normativa, la consejera de Educación, Mar Moreno, recordó que cuando su departamento ha hecho pruebas de evaluación, cada centro recibe sus resultados comparados con los colegios e institutos de su entorno. Pero nunca se hacen públicos. Secreto oficial.
Las familias tienen derecho a saber si el colegio que van a escoger aprueba o suspende en los criterios de evaluación
¿Informar a las familias? ¿Darlo a conocer a la opinión pública? Basta que lo sepa la Administración. Según la consejera, facilitar la elaboración de rankings sería ir “a favor de la privatización y de la existencia de centros de élite y subsidiarios”. Lo cual no es óbice para que el decreto establezca como una de los objetivos de la evaluación “aumentar la transparencia y la eficacia del sistema educativo de Andalucía” (art. 4).
El objetivo de la evaluación del sistema educativo no es ciertamente establecer un ranking de colegios como si fuera una liga de la enseñanza. Pero si la libertad de elección de escuela quiere decir algo, las familias tienen derecho a saber si el colegio que van a escoger aprueba o suspende en los criterios de evaluación, si lo hace mejor o peor que otros, si avanza o retrocede. Sustraerles esa información es obligarles a elegir a ciegas o de oídas. Pero en la normativa preparada por la consejería en ningún momento se menciona a las familias, ni para intervenir en el proceso de evaluación ni para enterarse de sus resultados. Supongo que eso sería una nefanda “orientación al cliente”, signo de privatización.
Aunque, por otra parte, tampoco está muy claro que esa evaluación vaya a ser muy objetiva, ya que el decreto dice que los colegios harán una “autoevaluación de su propio funcionamiento” con “los indicadores de calidad que establezcan los propios centros” (art.8). Algo así como un examen puesto y corregido por el alumno.
La OCDE recomienda la publicación de las evaluaciones de los centros y la exigencia de responsabilidad a los agentes escolares
Informar a los padres
En los ámbitos internacionales de la evaluación escolar soplan otros aires, como se advierte en el documento que acaba de publicar la OCDE sobre este asunto (Synergies for Better Learning. An International Perspective on Evaluation and Assessment). Allí la evaluación va unida a la publicación de los resultados y a una exigencia de responsabilidad de los agentes escolares: “Hay una creciente tendencia a la información pública, incluida la publicación de los resultados de evaluaciones estandarizadas de los alumnos en el ámbito escolar para uso de los padres, de las autoridades educativas, de los medios de comunicación y de otros interesados; la publicación de los informes de la inspección educativa, los informes anuales de la escuela, y de informes de conjunto del sistema que evalúen el estado de la educación”.
Además, las evaluaciones van ligadas a una exigencia de responsabilidad. “Pueden servir –dice también el documento– como un instrumento para la responsabilidad de los agentes escolares cuando los resultados de la evaluación van ligados a ascensos en la carrera o mejoras salariales, premios, sanciones o simplemente para informar a los padres en sistemas basados en la elección de escuela”. Con estas evaluaciones, “se trata de crear incentivos para mejorar el rendimiento e identificar escuelas y agentes escolares de bajo rendimiento”.
El informe de la OCDE reconoce que la cultura de la evaluación escolar puede tener el inconveniente de que los colegios se centren demasiado en enseñar a los alumnos a superar tests. Pero no tiene dudas de que el conocimiento público del rendimiento de cada centro solo puede ser una ayuda para su mejora.
En Andalucía, la normativa de la evaluación educativa garantiza que nadie se va a enterar fuera de la Administración y que a nadie se le exigirán responsabilidades. Es el mejor modo para estar en la parte de debajo de esos rankings como el PISA, que siempre se obstinan en distinguir entre sistemas educativos de élite y los mediocres. |
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