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NacionalMas, obligado a devolver lo expoliado al Archivo de Salamanca según Sánchez de la Iglesia
Fuente La Gaceta (Feb 12, 2013) Nacional
Aunque la sentencia 20/2013 emitida el 31 de enero por el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de la Junta de Castilla y León contra la Ley de desmembración del Archivo General de la Guerra Civil Española, de 2005, eso no significa que el traslado a Cataluña de los papeles de Salamanca se hiciera conforme a dicha ley. De hecho, un grupo de investigadores y juristas, liderado por Policarpo Sánchez de la Iglesia, está convencido de que, precisamente exigiendo el cumplimiento de la ley, se podrá conseguir el regreso a la sede del Archivo Histórico Nacional (AHN) en la ciudad del Tormes de la mayoría de los documentos trasladados.

Según anunció a LA GACETA, el investigador Sánchez emprenderá “de inmediato acciones legales para que la Generalitat de Cataluña devuelva al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca los documentos que recibió ilegalmente”. Incluso en el caso de los documentos que hubieran sido legítimamente trasladados, en muchos casos se ha incumplido la obligación legal de dejar copia en el AHN, por lo que los demandantes capitaneados por Sánchez exigirán “que se deposite en el Centro Documental de la Memoria Histórica su copia o duplicado. Hasta la fecha, estas copias se han hecho de forma parcial y aleatoria, incumpliendo la Ley”.

Aún acatando la sentencia del TC, Sánchez asegura que es errónea la suposición de que los documentos del AHN pertenecen a particulares, lo que, “si alguien no lo remedia, provocará la primera eliminación de un archivo general, creando un peligroso precedente en materia de protección del patrimonio histórico”. La sentencia supone que “la protección del interés de los propietarios originarios o de sus sucesores de recuperar los que en su día les fue incautado constituye un interés constitucionalmente legítimo”, dando así “por buena”, según el citado investigador, “la errónea idea de que los mismos continúan siendo los propietarios de los documentos, lo cual no es así, pues el titular de estos es el Estado desde hace bastantes años, por la mera aplicación no sólo de las normas específicas, sino del propio Código Civil”.

También se equivoca el TC, en opinión de Policarpo Sánchez, al suponer que el Archivo desmembrado no dejará de prestar su función social porque la función de consulta y estudio de la documentación “se salvaguarda con la obligación de que se realicen copias digitalizadas de los documentos restituidos”, ya que la “integridad funcional no significa necesariamente el mantenimiento de los documentos originales”. Aunque para Sánchez lo lógico sería que se enviaran las copias y no los originales –como se ha hecho con otras comunidades–, su principal objeción es que tales copias sencillamente no se han hecho.

A pesar de su discrepancia con la sentencia, Policarpo Sánchez valora que el TC afirme que, si la restitución a los supuestos propietarios “no se puede producir, por no haberse podido acreditar la titularidad de los mismos, tales documentos siguen integrando un archivo de titularidad estatal”. Según Sánchez, esto supondrá que, si se aplica la sentencia del TC, todos los documentos que no terminen en manos particulares, habrán de ser devueltos a la sede del AHN en Salamanca, ya que los archivos de la Generalitat de Cataluña no son de titularidad estatal.

Ya antes de conocerse la sentencia del TC, este investigador había reclamado “el retorno a Salamanca de documentos de particulares que fueron entregados a Cataluña vulnerando la Ley, pues se incautaron fuera de esa comunidad autónoma. Otra documentación fue incautada en Cataluña, pero también fue ilegal su envío pues pertenecía a particulares que no tenían allí su residencia”.

  
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