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AragónEl Constitucional desestima el recurso de Valencia contra la derogación del trasvase
Fuente Aragón Digita (Jan 12, 2013) Aragón
El Tribunal Constitucional ha decidido desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesta en 2004 por la Generalitat Valenciana contra la modificación del Gobierno central del Plan Hidrológico Nacional, que deroga el trasvase del río Ebro a otras cuencas deficitarias.

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2004 por la Generalitat Valenciana contra la modificación del Gobierno central del Plan Hidrológico Nacional, que derogaba el trasvase del río Ebro a otras cuencas deficitarias.

En el recurso, la Generalitat Valenciana argumentaba que el primero de los motivos de inconstitucionalidad consistía en la ausencia del presupuesto habilitante para la aprobación del Real Decreto-ley 2/2004 que modifica el PHN al no existir “extraordinaria y urgente necesidad”.

A este respecto, los valencianos recordaban que la doctrina sentada en varias sentencias acota la utilización del decreto-ley “a los casos en los que se pretenda atender a situaciones que reclamen una acción legislativa inmediata”. El letrado de la Generalitat Valenciana aseveraba que “no existen circunstancias que hayan requerido esta acción normativa, ni tampoco una coyuntura económica que haya requerido la adopción del decreto-ley, ni han surgido necesidades que hayan requerido una acción legislativa inmediata, en los términos que recoge la doctrina asentada por este Alto Tribunal”.

Para el letrado autonómico, nada habría impedido al Gobierno central limitase a suspender las actuaciones emprendidas en desarrollo de la Ley del plan hidrológico nacional, sin afectar “a la confianza legítima de las comunidades autónomas y demás agentes sociales y económicos beneficiarios del trasvase de aguas del Ebro”.

Consideraba que lejos de existir “extraordinaria y urgente necesidad” para derogar los preceptos normativos que autorizan las transferencias de recursos hídricos, lo que existía era “una necesidad real de agua en las cuencas mediterráneas”.

En la sentencia, el Constitucional recuerda que ese tribunal no es “juez de la corrección técnica, oportunidad o utilidad de las leyes” y que su función jurisdiccional se contrae exclusivamente “a decidir si las concretas disposiciones impugnadas exceden o no el marco de lo constitucionalmente admisible”.

En el caso de los decretos-leyes, el juicio de constitucionalidad debe efectuarse desde la perspectiva “del uso abusivo o arbitrario” de la figura del decreto-ley. Un límite que “no ha sido franqueado por el decreto-ley 2/2004”, puesto que en su preámbulo se expresan “razones que avalarían el recurso a este tipo de legislación provisional de urgencia”.

El tribunal explica que “se puede apreciar razonablemente la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad” tanto en la derogación de los preceptos de la Ley del plan hidrológico nacional como en las declaraciones de interés general del decreto-ley.

El Constitucional no entra a valorar la bondad técnica de dichas medidas, ni su oportunidad e idoneidad para paliar las deficiencias hídricas que ha aquejado “secularmente” a las cuencas mediterráneas. Señala que esos juicios no compete formularlos al tribunal, pero sí que “ni una ni otra iniciativa representan un uso abusivo del decreto-ley”.

  
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