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Desmontando a Mas: No hay 'expolio fiscal' en Cataluña Redacción (NJ) (Nov 06, 2012) Nacional |
El laboratorio de ideas de los populares revela que 'el estudio de la Generalitat sobre la balanza fiscal de Cataluña utiliza criterios que desvirtúan el análisis y llevan a conclusiones irreales y erróneas"
La Fundación FAES ha presentado en Barcelona el informe El mito fiscal. Razones para un debate, que desmonta las tesis del expolio fiscal en Cataluña. El informe aporta razones para el debate "acerca del dogma en que el nacionalismo catalán pretende sostener su frágil posición". Ese "presunto maltrato fiscal" que padecen los ciudadanos catalanes en el actual modelo de Estado, del que, afirma FAES, se infiere la urgencia de alterar el sistema de financiación de Cataluña y de avanzar por la senda del soberanismo.
A través de una recopilación de artículos del diputado del Partido Popular Gabriel Elorriaga; el catedrático de Hacienda Pública Juan José Rubio; el profesor en la misma materia Santiago Álvarez; el analista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Ángel de la Fuente; y el director del Centro de Estudios de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, Pascual Fernández, la fundación vinculada al PP ha 'deshecho' el mito del expolio.
“Cuando repasamos el debate político de los últimos años en torno a la redistribución de la renta, lo primero que salta a la vista es una constante voluntad de falsificación por parte de algunos”, afirma en su ensayo Nación y Solidaridad Gabriel Elorriaga. “En demasiadas ocasiones se pretende presentar como realidades objetivas e indeseables lo que son meras consecuencias de valores ampliamente aceptados. En otras, se lanzan soflamas reivindicativas que pretenden encubrir fracasos de gestión o aspiraciones secesionistas”, señala.
“Si repasamos el debate político de los últimos años en torno a la redistribución de la renta, salta a la vista la voluntad de falsificación” Gabriel Elorriaga
En este sentido, Elorriaga analiza el principio de solidaridad interterritorial recogido en la Constitución española y destaca que el debate sobre la soberanía fiscal de Cataluña, “que estaba vigente en 1978, y que quedó entonces aparentemente superado, es el mismo que se pretende reabrir hoy”. Asimismo asegura que dicho debate “no gira sobre la redistribución más adecuada de la renta, sino sobre dónde se sitúa la soberanía fiscal originaria”, que “descansa en las Cortes Generales, lugar donde debe residenciarse cualquier discusión sobre el tema”.
Un juego irresponsable
A lo largo del texto, el diputado popular también destaca que “la posición a la que se ha visto arrastrada la sociedad catalana es la consecuencia de un juego profundamente irresponsable entre unas fuerzas locales obsesionadas por controlar el espacio político, una pugna en la que se han rebasado todas las barreras de la sensatez”. “El oportunismo y la inmediatez se han impuesto a la coherencia y a la prudencia, y los resultados no pueden ser más desastrosos”, afirma Elorriaga.
Con respecto al papel de los partidos políticos en Cataluña, Elorriaga subraya que “es fácil comprender que un partido independentista como ERC ignore la Constitución y es más sorprendente que lo haga ahora uno de sus artífices, como es el caso de CiU; pero, con diferencia, -señala- la mayor de las contradicciones se da dentro del partido socialista”. “Cuando una fuerza política de ámbito nacional critica las balanzas fiscales entre distintos territorios que integran una misma nación, lo que debería estar manifestando es su discrepancia con la progresividad de la estructura de los impuestos, y, sin embargo, desde el socialismo catalán se ha considerado que avanzar en la reducción del déficit de su balanza fiscal era un objetivo prioritario”, subraya el autor.
Disgregar el Estado
Elorriaga concluye su artículo afirmando que “todos los gobiernos españoles se han sentado y se sentarán a dialogar sobre la manera más adecuada de repartir las competencias, de distribuir los recursos de la manera más justa; pero lo que ningún Gobierno debería hacer nunca es dar cauce a las demandas que tan solo buscan la disgregación del Estado y la desintegración nacional de España”.
En su artículo El mito del expolio fiscal, Juan José Rubio y Santiago Álvarez defienden que “no resulta razonable evaluar el conjunto de las actuaciones del sector público central en términos de su incidencia territorial”; ya que “se trata de un problema más amplio que, en su mayor parte, debe abordarse en el ámbito de los individuos”.
En este sentido, el catedrático y el profesor de Hacienda Pública destacan que “es la capacidad de pago y no la residencia el factor que determina la carga tributaria que soportan los contribuyentes”. “Si un residente en Cataluña tiene que pagar una cantidad mayor en el IRPF que un residente en Aragón o La Rioja con ingresos idénticos, es porque el Gobierno de su comunidad aplica una tarifa de tipos impositivos superior a la parte autonómica del impuesto; lo que no incide en la balanza fiscal, ya que esa recaudación la percibe la comunidad autónoma. En lo que a la parte estatal del impuesto se refiere, los tres pagarán los mismo”, ejemplifican.
Contrario a la razón
Asimismo, los autores afirman que “la propuesta de pacto fiscal es contraria a la racionalidad económica y administrativa, amén de abrir un proceso de fragmentación fiscal que comprometería la propia viabilidad de las funciones económicas del Estado y violaría el principio de igualdad y solidaridad interterritorial consagrado en la Constitución española”.
El texto argumenta la inviabilidad del pacto fiscal “desde la perspectiva de la equidad y la eficiencia, pero también por razones administrativas y políticas”; y destaca que llevarlo a cabo tendría “un coste, tanto económico como social, muy elevado”.
También propone “una simplificación del sistema que garantizase la posición relativa de cada comunidad autónoma en financiación per cápita y una revisión de los elementos que regulan el grado de nivelación horizontal y vertical, así como una revisión de los factores de coste que el sistema reconoce”.
“Es la capacidad de pago y no la residencia el factor que determina la carga tributaria que soportan los contribuyentes” Juan José Rubio y Santiago Álvarez
Ángel de la Fuente, por su parte, considera en ‘¿Cisne negro o pollo del montón? El déficit fiscal catalán en perspectiva’ que “la tesis del expolio catalán es poco plausible”. “Ni el sistema impositivo y de protección social español ni nuestro modelo de financiación territorial difieren de los existentes en los países de nuestro entorno de una forma que haga presagiar un especial maltrato fiscal a Cataluña en particular o a nuestras regiones más ricas en general”, argumenta en su artículo.
A lo largo del texto, el economista del CSIC defiende que “Cataluña encaja perfectamente en el patrón de redistribución territorial que se observa en Estados Unidos cuando la abstraemos del tamaño de la Administración Central y trabajamos con el gasto que ‘vuelve’ a cada territorio por euro o por dólar de impuestos soportados”. “Esto hace muy difícil pensar que el saldo fiscal catalán pueda ser inferior al que presentan las regiones ricas de los países de Europa continental, que generalmente cuentan con sectores públicos mayores y más redistributivos que el norteamericano”, destaca al respecto.
¿Maltratada?
En este sentido, el autor señala que “controlando por renta per cápita y por el tamaño del sector público, el déficit fiscal catalán no parece ser especialmente elevado”. También indica que “la mayoría de los datos que ofrecen los estudios de la propia Generalitat” no sugieren “en absoluto que Cataluña esté especialmente maltratada en términos fiscales, una vez se tiene en cuenta su nivel de renta relativa al correspondiente promedio nacional”.
No obstante, De la Fuente también subraya que “no hay datos homogéneos que permitan comparaciones válidas con otros países” y concluye que “la información que hay no sugiere para nada que Cataluña sea un caso especial”.
Por último, Pascual Fernández analiza y comenta en La balanza fiscal de Cataluña 2006-2009. Análisis del estudio de la Generalitat los cálculos realizados por el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat sobre la balanza fiscal de Cataluña con el sector público central para los años 2006-2009. El autor explica que “las metodologías que se aplican en el estudio son las conocidas con los enfoques del flujo monetario y del flujo beneficio” y considera que ambas son “métodos alternativos, pero no complementarios, porque la aplicación estricta del primero tiene inconsistencias técnicas que producen sesgos en el cálculo”.
En este sentido, Fernández subraya que, “al aplicar de forma estricta el enfoque del flujo monetario”, el estudio “utiliza criterios que sesgan y desvirtúan la calidad del análisis realizado”, ya que asume argumentaciones “irreales” al “imputar a una región gastos que no le corresponden y, por tanto, minorar el de otras regiones, o bien directamente eliminar la totalidad del gasto realizado en el exterior del reparto entre regiones”. “Lo grave de mantener estas hipótesis de cálculo -asegura- es que si se aplica estrictamente el método del flujo monetario, con criterios irreales, difícilmente el cálculo puede ser real”.
Todo lo anterior, junto con el hecho de que la Generalitat también “rehace el cálculo de las balanzas fiscales estimando un déficit o superávit absolutamente teórico o hipotético para cada año”, lleva a Fernández a estimar que “la metodología utilizada por la Generalitat es, en parte, muy discutible y, desde el punto de vista técnico, difícil de aceptar, porque lleva a conclusiones claramente irreales y erróneas”. “Eso es particularmente evidente cuando se mezclan datos reales con estimaciones ficticias”, señala.
A pesar de la metodología empleada, el autor desvela que el estudio de la Generalitat concluye que “la balanza fiscal de Cataluña en el año 2009 tuvo un superávit con la Administración General del Estado, como diferencia entre los flujos no financieros de ingresos y pagos”. No obstante, Fernández pone de manifiesto que “sería deseable que se promoviera un debate técnico, abierto y ortodoxo, que permitiera fijar criterios razonables, que no fueran tan discutibles e inasumibles”. |
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