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AragónLa DGA lleva adelante los nuevos recortes a los funcionarios
Redacción (NJ) (Jul 05, 2012) Aragón
Eliminan liberados y la aportación al plan de pensiones y reducen ayudas. Estos acuerdos se amparan en los presupuestos y la crisis económica.

El pasado viernes fueron informados los sindicatos y, como ya habían sido advertidos, el Gobierno de Aragón aprobó el martes los tres nuevos decretos que merman ventajas y derechos adquiridos de los aproximadamente 45.000 funcionarios de la Administración autonómica. En concreto, la suspensión de los derechos sindicales, la suspensión de la aportación del Ejecutivo al plan de pensiones de los funcionarios y las ayudas de acción social, concretamente, la reducción en un 25% de las ayudas para escolarización de los hijos.

Mediante tres acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno, que próximamente se publicarán en el BOA, se hicieron efectivos estos nuevos recortes, condicionados por el decreto ley 20/2011, de 30 de diciembre, en el que el Gobierno central acordaba nuevas medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

De hecho, también se acordaron estas medidas porque así lo marcaba la ley de presupuestos del Estado del 2012, en la que se indicaba que las administraciones no podían realizar aportaciones a estos planes de pensiones de empleo. La aportación de la DGA a este fondo --que los trabajadores seguirán poniendo-- era de 7,5 millones. El acuerdo indica que los créditos destinados a esta aportación irían destinados "a compensar las previsiones de ingresos que deban disminuirse" o a reducir los compromisos de endeudamiento a largo plazo.

En cuanto a la reducción de las prestaciones del fondo de acción social, estas se deben a que cuando se aprobaron, en septiembre del 2005, se incluía en el decreto una disposición adicional en la que estas ayudas se podían ver "afectadas por las limitaciones" en los presupuestos, como así ha ocurrido.

A su vez, otra decisión tomada anteayer limita y suspende los derechos y garantías sindicales alcanzados en las mesas de negociación de todas las parcelas de la Administración. Por medio de este acuerdo, se suprimirán 40 liberados sindicales, y el resto podrá cumplir con sus obligaciones de representación sindical acumulando horas, tal y como marca la legislación.

Esta medida, que no se ha negociado con los sindicatos, se adopta gracias a un artículo del Estatuto Básico del Empleado Público en el que se indica que las administraciones públicas "podrán suspender o modificar el cumplimiento de los pactos y acuerdos ya firmados, siempre que venga motivado por una causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público". El mismo artículo indica que basta con informar a los sindicatos, como se hizo el pasado viernes. Sin embargo, todos estos acuerdos han sido muy mal recibidos por los representantes de los trabajadores, que estudiarán las iniciativas legales a tomar.

  
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