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 El Gobierno de Aragón gestionará la competencia de Turismo tras la reordenación
Redacción (NJ) (Jun 22, 2012) Aragón |
 La DGA será la única gestora de la competencia de Turismo y las comarcas de Acción Social y Medio Ambiente. Así lo ha adelantado la presidenta de Aragón en las Cortes. El PP está hablando con su socio de gobierno, el PAR, quien le pone seis condicionantes, basados en que no se revise la reorganización en detrimento de las comarcas.
La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha dado a conocer en su comparecencia en el Pleno de las Cortes que la competencia de Turismo la tendrá como única gestora la Comunidad Autónoma, es decir, la Diputación General de Aragón. Por otro lado, también ha adelantado que las competencias medioambientales y de acción social serán para las comarcas.
También ha apelado al principio de subsidiariedad, porque cree en que los servicios los debe prestar la administración más cercana al ciudadano, pero insiste en que los municipios pequeños que no puedan hacerlo necesitan ayuda.
Asimismo, se ha referido al número de personal administrativo de los servicios generales, en total más de 8.000 (1.226 empleados públicos en las diputaciones, 903 las comarcas y la administración periférica de la Comunidad Autónoma, sin contar la provincia de Zaragoza, 5.661). Si se cuenta los servicios centrales de las comunidades autónoma se llega a casi 15.000 personas “que seguramente eso habrá que racionalizarlo y colocar a cada uno donde sirvan al ciudadano”.
Mientras la presidenta explicaba esto, se han podido escuchar unas palabras en el micro del presidente de las Cortes y del PAR, José Ángel Biel, quien hablaba con un miembro de la Mesa y destacaba que las comarcas tenían menos empleados que las diputaciones.
Rudi ha puesto el énfasis en que la reorganización competencial de las administraciones públicas se haga con el consenso de todos, con sentido común, generosidad política y partiendo de la realidad aragonesa. “Los mejores servicios posibles con los recursos necesarios para ello, que no suponga malgasto”, ha matizado.
“Rotundamente sí creo conveniente reordenar el actual modelo político-administrativo de organización territorial de la Comunidad Autónoma”. Así lo ha sentenciado la jefa del Ejecutivo. Rudi se ha remitido al pacto de gobernabilidad con el Partido Aragonés para defender esta posición. Con el PAR, ha dicho, se está hablando para lograr una postura común “en el trámite de acercar posiciones. Y no me oculto de decir que nuestro punto de arranque no era de los más cercanos” y confía en tener un documento en un “horizonte cercano”. A partir de ahí, en el próximo periodo de sesiones habrá que constituir una ponencia especial o una comisión especial, que decidirán los grupos parlamentarios.
“El meollo”, ha señalado Rudi, es definir a qué nivel de administración se le adjudican las competencias, eso sí, hay que clarificarlas y que sean ejercidas por una sola administración. También, habrá que fijar la administración y quién recauda tasas y precios públicos, que supone una responsabilidad política que se exigirá. Además, ha hablado de cómo limitar o prohibir el ejercicio de las competencias impropias, “que nos han llevado al totum revolutum que tenemos en estos momentos”.
“No encontrarán posiciones dogmáticas”, ha insistido Rudi, quien ha apoyado las opiniones de varios portavoces de la oposición en cuanto a la financiación de los ayuntamientos con Luis Ángel Romero (IU). Mientras, ha rechazado vaciar de competencias a las diputaciones provinciales, como ha propuesto la portavoz de CHA, Nieves Ibeas.
La presidenta no ha entrado a valorar las propuestas del Gobierno central sobre la Ley de bases de régimen local, pero ha mantenido que ella defiende la autonomía local de los municipios. Independientemente de que sea una competencia compartida con el Estado, la popular ha asegurado que no impide a la Comunidad avanzar en su modelo.
Ésta ha vuelto a rechazar la fusión de ayuntamientos, “porque no solucionan el problema”. Sin embargo, ha mostrado su creencia en la libertad de sus habitantes para decidirlo.
PAR
Con el PAR está hablando el PP, ha dicho la presidenta. Y sobre la mesa existen seis condiciones que ha explicado el portavoz de la formación, Alfredo Boné. De este modo, el PAR pone a priori una serie de cuestiones que son conseguir la unanimidad, no sólo el consenso para cambiar el modelo competencial, y el principio de subsidiariedad. Boné ha recordado que el Estatuto define como claves a las comarcas, rechazando el recorte de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales y ha compartido la defensa de estas entidades comarcales por parte de Nieves Ibeas.
Las seis condiciones para llegar a acuerdos son que cualquier revisión que se haga no vaya en detrimento de las comarcas (añadiendo el respeto a la autonomía de las entidades locales, no estando de acuerdo con la eliminación de ayuntamientos salvo que sus habitantes quieran la fusión). Además, se deberá garantizar el cumplimiento de las competencias que ya tiene Aragón así como es indispensable la unanimidad, “no sólo de los partidos mayoritarios. Aquí o en Madrid”. Por otro lado, ha manifestado Boné que el procedimiento debe tener en cuenta a los afectados, el respeto de autoorganización administrativa, sin que el Gobierno central promulgue modificaciones que no tengan en cuenta las peculiaridades de Aragón. Finalmente, ha exigido que el proceso sea progresivo.
PSOE
La jefa del Ejecutivo aragonés comparecía a petición del grupo parlamentario socialista, cuyo presidente Javier Lambán ha defendido que existen disfunciones en su arquitectura e indefinición competencial que hace que los ayuntamientos hagan un esfuerzo de gestión muy superior a la financiación que reciben. Así, ha afirmado que no se ha dado la importancia en el entramado que merece al Ayuntamiento de Zaragoza. Además, ha hablado de falta de conjugación entre comarcas y diputaciones provinciales.
Lambán ha asegurado que ha sido espectador de una “ceremonia de la confusión” entre el Partido Popular y el Partido Aragonés. A éste último le ha acusado de “vicepresidir dos diputaciones provinciales, mientras se manifiesta en contra de éstas de manera reiterada”.
Para el reajuste del modelo, ha añadido, hay que evitar la contaminación de la crisis económica y “los sospechosos” criterios de austeridad, que lleven a modificar la Ley de bases de régimen local por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “que supone una agresión sin precedentes a la autonomía local, vaciando a los ayuntamientos de competencias y abre la puerta a que empresas privadas presten los servicios”. El socialista ha reiterado su oferta de diálogo a la presidenta popular, “fundamentalmente de las principales fuerzas políticas”.
El PSOE propone como principios irrenunciables considerar a los ayuntamientos como un pilar del Estado, desarrollando su suficiencia financiera; un modelo que se aposente en la administración autonómica y local a través de mecanismos de coordinación en igualdad, solucionando el pequeño tamaño de los municipios con un sistema de intermunicipalidad a su servicio con diputaciones y comarcas a las que encontrar sus funciones delimitadas, “dejando claro que los ayuntamientos son la parte sustantiva y las diputaciones y comarcas son la adjetiva”. En cuanto al método, entienden que el debate debe desarrollarse paralelo a la definición del sistema financiero de los ayuntamientos por parte del Congreso, en el que participen activamente los consistorios, “de manera decisiva y activa en la configuración del modelo resultante, con la FEMP o el Consejo Local de Aragón”.
Lambán ha sostenido que las disfunciones parten del comienzo de la comarcalización, que ha dicho, no solicitaron los ayuntamientos, lo que ha desmentido el portavoz del PAR, Alfredo Boné. El socialista ha pedido una reforma “en profundidad” de las comarcas, pero no ha mencionado las diputaciones, lo que ha vuelto a criticar Boné. |
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