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AragónLa gestión pública medioambiental creará 2.000 puestos de trabajo en Aragón
Redacción (NJ) (Feb 23, 2007) Aragón
El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración impulsado por el Instituto Aragonés del Agua y los servicios públicos de gestión de residuos crearán más de 2.000 puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma. Este es uno de los datos que ha presentado el Departamento de Medio Ambiente, a través de la empresa pública SODEMASA, en el marco del V Congreso de Economía Aragonesa, celebrado en Zaragoza, en la ponencia titulada "Gestión medioambiental y desarrollo territorial: Provisión de infraestructuras mediante fórmulas 3P". En este trabajo se han dado a conocer los modelos de gestión ambiental que se llevan a cabo desde el Departamento de Medio Ambiente, sus fórmulas de financiación y los efectos en el desarrollo del territorio.

La ponencia ha presentado los proyectos que se han desarrollado en los últimos años bajo la directriz de que las políticas medioambientales deben crear incentivos para la innovación en tecnologías limpias, la apertura de nuevos mercados, la creación de oportunidades para las empresas y la generación de empleo que contribuya a disminuir los desequilibrios territoriales en Aragón.

Durante la fase de construcción del Plan Especial de Saneamiento y Depuración se prevé que se generarán 1.050 puestos de trabajo directos durante año y medio, además de otros 190 indirectos. En cuanto a los 20 años de explotación, está prevista la creación de 200 puestos de trabajo directos, además de otros 35 indirectos. El Plan especial de Depuración tiene un presupuesto total de 1.062.167.000 euros, de los que 619 millones de euros son correspondientes a la inversión y 443 millones de euros a la explotación de las infraestructuras. La construcción de las obras supone un coste de 297,5 millones de euros.

Además, la implantación de los servicios públicos tiene un presupuesto total de 834 millones de euros, de los cuales 134 millones de euros son correspondientes a la construcción de las infraestructuras y 700 millones de euros a la explotación de las infraestructuras. En cuanto a la repercusión sobre las economías locales, se prevé la generación de 570 puestos de trabajo directos durante la etapa de construcción de las infraestructuras (a finales del año 2008 estarán todas las infraestructuras construidas), mientras que durante la explotación se generarán 300 puestos de trabajo directo. La red de instalaciones de los servicios públicos de gestión de residuos está compuesta por una planta de tratamiento físico-químico, un vertedero de residuos peligrosos, cuatro vertederos de residuos industriales no peligrosos, una planta de valorización de neumáticos fuera de uso, y finalmente, 51 vertederos y 8 plantas de valorización de residuos de construcción y demolición.

De esta manera, además de las mejoras ambientales que comportan las actuaciones públicas previstas, la previsión de infraestructuras creará importantes impactos económicos que repercutirán directamente en las potencialidades de desarrollo del territorio aragonés, lo que supone un mayor beneficio en términos económicos derivado de la creación de puestos de trabajos directos e indirectos. La creación de puestos de trabajos estables producirá nuevas incentivos para fijar la población en el territorio.

En la ponencia se ha señalado que Aragón ha avanzado en varios sectores en los que la legislación comunitaria ha preparado el terreno para introducir mejoras medioambientales, definiendo en consecuencia su propio “modelo de gestión medioambiental”.

Este es el caso del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Este Plan de la Comunidad Autónoma de Aragón establece las diferentes actuaciones a llevar a cabo en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales producidas en las aglomeraciones urbanas y en las industrias de Aragón. Desde el punto de vista de la programación de las obras proyectadas, el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) pretende depurar antes del 2015 la totalidad de las aguas residuales urbanas de Aragón. La ejecución del plan supone un doble reto para la Administración de la Comunidad Autónoma: por un lado, el volumen de construcción a realizar que comprende 172 municipios implicados, 142 actuaciones a ejecutar y 132 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), y por otro, el plazo medio de 18 meses para la ejecución de las actuaciones.

En cuanto a la ejecución de las líneas europeas en materia de residuos, Aragón ha implantado un sistema de gestión medioambiental basado en la implicación directa en la gestión. Estas competencias alcanzan las prestaciones del servicio, los derechos y deberes de usuarios, el régimen tarifario, la relación entre la entidad gestora del servicio y la Administración titular del mismo, las condiciones de prestación o los instrumentos de control. La implantación de estos servicios públicos tiene, entre otros objetivos, dotar a la Comunidad Autónoma de Aragón de las instalaciones necesarias para asegurar la correcta gestión de los residuos, lo que implica la construcción en un plazo de 18 meses para la ejecución de 58 actuaciones dispersas en el territorio aragonés.

La ponencia ha presentado el sistema de financiación aplicado preferentemente para la provisión de infraestructuras de gestión medioambiental. La fórmula utilizada es la del régimen concesional, encuadrable dentro de las fórmulas tipo puramente contractual a las que se refiere el Libro Verde sobre la Colaboración Público Privada y el Derecho Comunitario en materia de contratación pública y concesiones [COM (2004) 327]. La utilización de las fórmulas 3P ha permitido a la Comunidad Autónoma afrontar en un reducido período de tiempo una amplia dotación de infraestructuras de gestión medioambiental. Estas fórmulas facilitan la aplicación de los principios de recuperación de costes y de quien contamina paga lo que las convierte, desde el punto de vista estrictamente medioambiental, en formas de interiorizar los costes externos que los ciudadanos generan al producir contaminación.

Así las obras del Plan Especial de Depuración se ejecutan mediante concesiones de obra pública y las infraestructuras para la gestión de residuos industriales no peligrosos, neumáticos fuera de uso y escombros mediante concesiones de servicios públicos. Pero el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón también ha empleado fórmulas de participación público-privadas de carácter institucional, además de las estrictamente contractuales (modelo concesional, referido). Se trata de la creación de la sociedad de economía para la gestión de residuos peligrosos en la que participan de forma conjunta el sector público y el privado. La financiación básica de las actuaciones previstas en materia de gestión medioambiental provendrá de la incorporación de la iniciativa privada. Los adjudicatarios asumen la explotación de las infraestructuras medioambientales construida, reconociéndoseles el derecho consistente en la percepción de un precio por unidad de servicio prestada.

  
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