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Luz verde al antídoto a la corrupción Redacción (NJ) (Mar 23, 2012) Nacional |
La Ley de Transparencia obligará a la Administración a facilitar información necesaria para el ciudadano tanto a nivel personal como a nivel profesional y político.
Con esta nueva norma, que establecerá una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, se intentará atajar la corrupción y facilitará su denuncia tanto por parte de los ciudadadanos como de los medios de comunicación.
El Ejecutivo quiere que las Administraciones sean transparentes y objeto de escrutinio público. Así, todos los ciudadanos podrán demandar datos, sin tener que motivar su petición, y las administraciones estarán obligadas a administrárselos. Asimismo, ante cada anteproyecto de ley, los ministerios afectados colgarán un banner en la web correspondiente para que se puedan enviar sugerencias durante 10 días. También se creará un portal de la transparencia en el que se podrá consultar cómo y en qué va ejecutándose el presupuesto de cada ministerio, subvenciones incluidas.
Esta nueva norma no es una recomendación, como ocurría hasta ahora con los códigos actualmente vigentes. Su incumplimiento tendrá consecuencias ya su infracción conllevará multas.
La ley impondrá sanciones a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria; a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación; a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas (facturas no contabilizadas); y a quienes no colaboren o aporten la documentación requerida por los tribunales de Justicia o los órganos de fiscalización contable.
La infracción de la norma no sólo tendrá consecuencias de tipo administrativo sino que en algunos casos el Gobierno pretende que debido a la crisis económica las infracciones más graves en la administración de los recursos públicos estén tipificadas en el Código Penal. El Gobierno del PP estudia que la pena para los cargos políticos que dilapiden los recursos públicos sea parecida a la que corresponde por delito de malversación. La pena por este tipo de delitos es de tres a seis años de cárcel y de seis a diez años de inhabilitación. |
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