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InternacionalSiete estados norteamericanos llevan a Obama a los tribunales
Redacción (NJ) (Feb 26, 2012) Internacional
En total, siete estados de Estados Unidos presentaron este jueves una demanda en un tribunal de distrito de Nebraska contra la obligación de las instituciones religiosas de prestar planes de salud que incluyan la contracepción, tal y como dispone el programa de asistencia sanitaria promovido por Barack Obama en 2010.

Los fiscales generales de Florida, Nebraska, Michigan, Ohio, Oklahoma, Texas y Carolina del Sur, junto con tres organizaciones católicas, firman la demanda.

Su objetivo es lo que los obispos estadounidenses han estado reclamando desde hace meses: que se reconozca que el hecho de que organizaciones religiosas que gestionan hospitales ofrezcan a sus empleados un plan de salud que incluye la anticoncepción viola la libertad religiosa consagrada en la Constitución de Estados Unidos y, por tanto, que se declare inconstitucional la ley sanitaria.

A principios del mes de febrero, el presidente Obama anunció que daría marcha atrás y que, a partir del año próximo, las empresas que dependen de instituciones religiosas no estarían obligadas a incluir la cobertura de anticoncepción si su conciencia se lo impedía.

De este modo, y tras el paso atrás de Obama, la responsabilidad de la cobertura en contracepción –obligatoria según la reforma sanitaria del Gobierno– recaería sobre las compañías de seguros sanitarios de las empresas, que deberían facilitar a los empleados el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos. Una promesa que no ha persuadido a los demandantes en su empeño de llevar a Obama a los tribunales.

Al contrario, para el fiscal general de Nebraska, Jon Brunning, uno de los querellantes, este cambio en los mecanismos de la propuesta de Obama para salvar la posibilidad de la objeción de conciencia de las organizaciones religiosas no fue suficiente. A entender de los siete estados que presentaron la demanda contra el Gobierno federal, Obama “no hizo nada para abordar la violación de la primera enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión, y nunca se oficializó”.

Para el fiscal general de Texas, Greg Abbott, la cesión de Obama no es más que un truco, puesto que la ley aún obliga a las organizaciones a autorizar y sufragar “una conducta que colisiona con sus principios”, y añadió: “La primera enmienda de nuestra Constitución está precisamente dirigida a proteger a los ciudadanos contra este tipo de intromisión en el ámbito privado”.

  
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