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AragónLa DGA suprimirá subvenciones innecesarias y ahorrará cinco millones anuales
Redacción (NJ) (Dec 02, 2011) Aragón
El Gobierno de Aragón prevé ahorrar cinco millones de euros al año con la supresión de subvenciones "superfluas". Esta medida se incluye dentro del Plan de Racionalización del Gasto Corriente que ha sido criticado por la oposición al considerar que es un plan "propagandístico" para hacerse "auto bombo".

El Gobierno de Aragón ahorrará cinco millones de euros al año al suprimir las ayudas y subvenciones que sean "superfluas" e "innecesarias". Así lo ha asegurado el consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, que ha comparecido en el Pleno de las Cortes a propuesta de Chunta Aragonesista para informar sobre el Plan de Racionalización del Gasto Corriente con el que se pretende ahorrar 105 millones de euros a lo largo de la presente legislatura.

Garcés ha señalado que “ya es hora” de “laminar” las políticas "prebendarias" que se habían instalado en la anterior etapa política cuando, ha ejemplificado, se estaban concediendo a ayudas a empresas cuyos directivos estaban cobrando 120.000 euros.

El consejero ha defendido la puesta en marcha de este plan y ha avanzado que en diciembre se presentará un informe para evaluarlo, aunque ha estimado que supondrá más ahorro del previsto. Como ejemplos, ha citado el ahorro del 30% en el contrato de telefonía móvil que se adjudicará en abril, la reducción de suscripciones en prensa, la supresión del servicio de cocina en el Pignatelli y el límite a las dietas de los representantes de los órganos colegiados y de los consejos de administración.

En esta línea, ha asegurado que en dos o tres meses se presentará el plan de racionalización de bienes inmuebles y ha explicado que ya se ha ahorrado 1,4 millones de euros con la rescisión de contratos de alquiler con la previsión de ahorrar otros siete.

El diputado de Chunta Aragonesista ha criticado que hayan utilizado el plan con fines “propagandísticos” para hacerse “auto bombo” y le ha recriminado que el ahorro no se cuantifique en gasto global para apreciar que “se comen una y cuenta 20”.

Asimismo, cree que ese ahorro en las ayudas públicas lleva un “mensaje peligroso” de recorte “drástico” en las subvenciones que tendrá consecuencias negativas para las ONG y las asociaciones.

Desde el Partido Popular, mediante su diputado Jorge Garasa, han defendido este plan que “marcará un antes y un después” en la política presupuestaria aragonesa. Consideran que la crisis ha obligado a ejecutar este tipo de medidas porque en los últimos ocho años de gobierno se había perdido el “sentido de la mesura”.

La diputada del PSOE Ana Fernández ha recriminado a Garcés que presente un plan que es una “continuidad” de lo que puso en marcha el anterior Gobierno de Aragón y ha cuestionado que las medidas vayan a ahorrar más dinero del previsto como ha indicado Garcés a no ser que vayan en la línea de los recortes a las subvenciones.

En relación a las ayudas, ha puesto el acento en el daño que van a sufrir las asociaciones al reducirse los anticipos al 25%, lo que, a su juicio, supondrá más dificultades para desarrollar su trabajo.

Respecto al plan para la venta de bienes inmuebles, ha cuestionado que sea el mejor momento para hacerlo. A este respecto, Garcés ha remarcado que aunque el mercado esté mal no hay que renunciar a él puesto que hay que ser competitivos con los procesos de desamortización que están ejecutando otras Comunidades Autónomas.

El diputado del PAR Antonio Ruspira ha defendido la necesidad de ahorro argumentando que “no es un paquete opcional” sino que tiene que implantarse "de serie" esta legislatura. Asimismo, ha defendido la necesidad de implementar medidas basadas en la austeridad el gasto público y en reducir la presión fiscal para dinamizar la economía y generar empleo.

Izquierda Unida, a través de su portavoz Adolfo Barrena, ha mostrado su desacuerdo a que el Gobierno de Aragón “convierta lo que es una obligación en un anuncio propagandístico” y ha asegurado que con la llegada del Partido Popular “se acaba” con la posibilidad de que los ciudadanos accedan por igual a los servicios públicos.

  
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