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AragónAragón, Andalucía y Cataluña podrán asumir las competencias de "policía de aguas"
Redacción (NJ) (Aug 27, 2011) Aragón
El Gobierno ha aprobado reformar la Ley de Aguas para que las CCAA puedan asumir competencias en materia de policía del dominio público hidráulico. Los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Aragón y Cataluña son las que lo incluyen y las que podrán tener "policía de aguas".

El Gobierno ha aprobado este viernes una reforma del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto en 2001, para que las Comunidades Autónomas que tengan previsión estatutaria al respecto puedan asumir competencias en materia de policía de dominio público hidráulico, como Andalucía, Aragón y Cataluña.

Según la disposición adicional, aprobada por el Consejo de Ministros, en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, el ejercicio de las funciones descritos en el apartado 2 del artículo 94 de la citada Ley de Aguas corresponderá a las Comunidades Autónomas que tengan prevista la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico en sus Estatutos de Autonomía.

De esta forma, los agentes medioambientales de las Comunidades Autónomas destinados a las comisarías de aguas tendrán el carácter de autoridad pública y estarán facultados para entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a inspección y a permanecer en ellos, con respeto en todo caso a la inviolabilidad del domicilio.

Asimismo, en el ejercicio de estas funciones será aplicable a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 94 de la Ley de Aguas.

Los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón y Cataluña incluyen como competencias ejecutivas a asumir por las mismas las relativas a la policía del dominio público hidráulico atribuidas por la legislación estatal.

A través de esta disposición adicional se viene a dar cumplimiento a las previsiones estatutarias mencionadas en el marco de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional.

  
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