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AragónUGT Aragón presenta 85 alegaciones al anteproyecto de ley de servicios sociales
Redacción (NJ) (Dec 20, 2006) Aragón
UGT Aragón presentó ayer al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón un documento en el que solicita que se paralice el Anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales o, en su defecto, se consideren las 85 alegaciones presentadas por el sindicato.

La futura Ley de Servicios Sociales de Aragón es un producto de proceso de Diálogo Social emprendido en nuestro territorio entre los sindicatos y asociaciones empresariales más representativas y el Gobierno de Aragón cuyos acuerdos se plasmaron en el AESPA 2004-07.

Partiendo de esta realidad, UGT lamenta que la elaboración de este anteproyecto no haya tenido un carácter participativo y se haya excluido a los sindicatos, asociaciones empresariales y a otras entidades sociales.

UGT Aragón considera que el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales elaborado por el Departamento de Servicios Sociales y Familia debería garantizar a los ciudadanos un abanico de derechos subjetivos de carácter social que, no quedan suficientemente reflejados en un texto que adolece de graves indefiniciones en su redacción; que fija un modelo de financiación y de distribución de competencias no consensuado con el resto de administraciones territoriales y locales de Aragón; que no recoge prestaciones pactadas a través del AESPA 2004-07 con los agentes sociales y económicos y que no define con claridad el papel de lo privado en la prestación de servicios sociales.

UGT Aragón contempla con preocupación esta realidad y ha solicitado que sea inicie un nuevo proceso de elaboración de este documento partiendo del respeto a una filosofía de trabajo participativa.

El sindicato ha presentado 85 alegaciones al articulado del anteproyecto que tratan de mejorar, entre otras, cuestiones relativas al objeto de la ley; a sus principios rectores; a la precisa definición del Sistema de Servicios Sociales de Aragón; a los derechos y deberes de las personas; a la planificación; a la reserva de espacios para la ejecución exclusiva a través de medios y recursos humanos dependientes de las administraciones públicas; a la atención a las victimas violencia de género; al respeto a los trabajadores; a la normativa laboral y a la de prevención de riesgos laborales, la articulación entre lo publico y lo privado; a la formación; a la acción inspectora..., con el objeto de poder disponer, en un futuro cercano, de un marco legal que permitan la implantación y desarrollo de un modelo de servicios sociales que responda a la necesidades ciudadanas.

  
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