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 Cuidar ancianos, posible solución a la despoblación rural
Redacción (NJ) (Oct 24, 2009) Reportajes |
 La Ley de Dependencia aparece como oportunidad frente a la despoblación - Los servicios adaptados a los pueblos pueden generar empleos y modernidad
Una tercera parte de las personas en situación de dependencia vive en el medio rural. Los expertos calculan que entre ellos, que suman unos 400.000, y las personas que los cuidan, la Ley de Dependencia podría alcanzar de manera directa a más de un millón de habitantes de los pueblos.
Los trabajadores sociales, la primera puerta a la que se llama para pedir una ayuda de las que concede la Ley de Dependencia, calculan que la inmensa mayoría de ancianos en los pueblos opta por solicitar la ayuda familiar, una prestación económica que se concede por cuidar a los mayores de la casa. "Las hijas siempre lo han hecho, así que ahora ven normal seguir haciéndolo, y más si les pagan por ello. Tampoco tienen muchas opciones porque los servicios en el campo prácticamente no existen, así que alrededor de un 90% pide la “paguita".
La ley considera esta prestación, sin embargo, como algo excepcional, porque el objetivo es que no se perpetúe el modelo de la mujer que no sale a trabajar o que abandona su empleo porque tiene que atender a los ancianos. Pero esa excepcionalidad quizá tenga que ser revisada en el ámbito rural. La pensión de los abuelos es un gran soporte económico en los pueblos. Estas mujeres (lo son la inmensa mayoría) podrían después de cuidar a los suyos ejercer en alguno de los muchos empleos que pueden generarse en el área de la geriatría.
Cuando llega la hora de ir a una residencia hay quien lo ve todavía como un desahucio. Incluso los hijos pueden sentirse molestos y criticados por consentir que sus padres residan en un geriátrico.
En los núcleos rurales más pequeños se ha ido perdiendo el miedo a las residencias de ancianos, desterrando la idea de que son un recurso típico de la beneficencia que conocieron los mayores. Muchos ya acuden a ellas por su propio pie. Pero no es difícil escuchar frases como esta: "Con lo que ha hecho esa madre y ahora la llevan a una residencia", o "a mí mis hijos no me van a llevar".
En los documentos de trabajo que negocian Gobierno y comunidades se pone de manifiesto que, en ocasiones, pesa más la decisión de las familias, aunque equivocada, o interesada, que la del propio dependiente. Y se pide que los trabajadores sociales que valoren cada situación hagan valer su criterio. Si lo que se necesita es una residencia, habrán de recetar eso. Si es que hay residencias, claro. Aunque el Gobierno insiste en que el ciudadano debe elegir la ayuda que quiera.
Sea como fuere, ir tapando necesidades con simple ayuda a domicilio actual está ahogando a los ayuntamientos, que son quienes se encargan de ella con un escuálido presupuesto. |
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