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AragónLa DGA presenta otro recurso para que regrese el arte sacro
Redacción (NJ) (Aug 02, 2009) Aragón
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, anunció que la comunidad autónoma presentó el pasado viernes un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Lérida contra el consorcio del Museo Diocesano, en el que argumenta que no hay motivo legal para que no entregue los bienes al obispo de Lérida, quien a su vez debe entregarlos al obispo de Barbastro según ordenan todas las resoluciones vaticanas. Y ha habido más de 20.

En declaraciones a los medios de comunicación, Iglesias indicó que el Ejecutivo aragonés presentó el recurso "frente a la actitud que ha mantenido el consorcio del museo de Lérida de no querer entregar al obispo de Barbastro los bienes" de arte sacro, tal y como "lo había exigido el Vaticano".

Por ello, lo que plantea el Ejecutivo autonómico ahora es que entregue esos bienes al obispo de Lérida, porque él "ya se comprometió a entregarlos al obispo de Barbastro", de manera que "ese contencioso es precisamente contra esa decisión del consorcio de no entregar los bienes", reiteró el presidente.

Este es el segundo recurso que plantea ante la Justicia el Gobierno aragonés, después del presentado el pasado mes de mayo en los juzgados de Barbastro para reclamar la inmediata devolución de las 112 obras de arte eclesiástico que están en Lérida contra todas las órdenes vaticanas. Ese recurso está todavía pendiente de resolverse, ya que los juzgados de Barbastro acumulan retraso. Además, el titular de la sala acaba de tomar posesión, lo que puede demorar todavía un poco más el proceso.

Aunque el obispo de Lérida ha mostrado su disposición a acatar las órdenes de la Santa Sede y devolver a su homólogo de Barbastro el patrimonio que perteneció a las parroquias altoaragonesas que hasta 1995 estuvieron adscritas a la diócesis de la capital catalana, el consorcio que gestiona este museo se niega a devolverlas.

La complejidad estriba en que este consorcio es un ente formado por cuatro administraciones públicas (Ayuntamiento de Lérida, Diputación provincial, consejo comarcal y Generalitat) más el propio obispo, que asiste a los plenos pero que no tiene capacidad de decisión. Este consorcio, al estar formado por instituciones políticas catalanas, ha mostrado su total oposición a acatar las órdenes que dicta el Vaticano.

  
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