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Un millón de personas excluidas en 2007 de las ayudas de la ley de dependencia Redacción (NJ) (Sep 25, 2006) Nacional |
La ley de dependencia, que dará paso a toda una red de servicios y prestaciones para las personas que no pueden valerse por sí mismas, se encuentra en pleno trámite parlamentario y en medio de sucesivas negociaciones entre los diferentes grupos políticos con la intención de llegar al máximo consenso posible. Hoy mismo se debate este texto en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados y los grupos discutirán las más de 600 enmiendas presentadas. Tras emitir su dictamen, la ley pasará al Pleno del Congreso del próximo jueves.
El texto llega a comisión sin que se hayan resuelto los grandes asuntos de fondo, como definir el baremo para saber quién es o no dependiente y en qué grado o el porcentaje que pagará el usuario en el coste de estos servicios. La propia ley “aparca” esas cuestiones para un desarrollo posterior en un reglamento, y tras ser definidas y concretadas por el Consejo Territorial de la Dependencia, que estará integrado por el Gobierno y las comunidades autónomas.
Lo que parece que todos asumen -y así es como figura en la ley- es que la nueva red de servicios que se ponga en funcionamiento a partir de 2007 atenderá en su primer año a los grandes dependientes, es decir a 223.457 personas, según el Libro Blanco de la Dependencia. De esta forma, se deja de lado a otro millón de españoles que no pueden valerse por sí mismos y que se estima que existen hoy día en nuestro país. La ley recoge que este gran colectivo irá incorporándose a la red de servicios de forma paulatina.
Hasta ahora en su trámite parlamentario la arquitectura del sistema de servicios y prestaciones para la dependencia no ha sufrido variaciones en su contenido, aunque sí un gran cambio en su denominación. El pasado martes, y a puerta cerrada, la Ponencia del Congreso, que se encarga de dar un primer dictamen sobre la ley, aprobó una modificación fundamental: por iniciativa de Esquerra Republicana (ERC) e Izquierda Unida (IU), sus señorías suprimieron el término “nacional” de la definición de la red de servicios. En este juego de palabras, el que hasta ahora se había denominado Sistema Nacional de Dependencia (SND) ha pasado a ser Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAS).
Los diputados que integran la Ponencia han incorporado varias enmiendas (nueve del PP) a ley de dependencia, aunque ninguna encara los asuntos de fondo. Entre las nuevas aportaciones figuran una serie de “mejoras” como garantizar una mayor protección de los datos de carácter personal de los usuarios, sobre todo los sanitarios; asegurar la participación de los beneficiarios de la red en la gestión de la calidad de los centros residenciales, e insistir en la formación básica y permanente de los cuidadores de las personas dependientes. También se ha conseguido que los usuarios estén exentos de presentar ante las administraciones públicas la documentación que ya se encuentre en manos de alguno de sus organismos y que pueden obtener por sí mismos, evitando así desplazamientos y más trámites burocráticos para los dependientes. |
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