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AragónEl secretario de Estado de Hacienda se compromete a que Aragón mejore con la nueva financiación
Redacción (NJ) (Dec 25, 2008) Aragón
El Gobierno central ha garabtizado que el nuevo sistema de financiación autonómica cumplirá con el reformado Estatuto de Autonomía de Aragón. Además, aseguró que supondrá una "mejora" para esta comunidad respecto al anterior sistema en lo que se refiere a acceso a recursos económicos. El compromiso llegó a través del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, quien afirmó que "Aragón va a recibir más financiación y se le van a reconocer los elementos que marca el Estatuto, como la dispersión y el envejecimiento".

En este sentido, el Ejecutivo negó que la población sea el único criterio que vaya a marcar el reparto del dinero para los servicios básicos. Así, aunque se asegura que se garantizará una cantidad igual por habitante independientemente de la comunidad en la que se resida para la educación, sanidad y servicios sociales, en realidad el criterio que servirá para decidir cuánto dinero recibe cada comunidad es el que han llamado "población ajustada". Es decir, al número de habitantes de cada autonomía se le incluirá una corrección por factores como la dispersión y la edad. "Nuestra voluntad es que el modelo recoja un mayor peso de la dispersión de la población y del envejecimiento y que así Aragón tenga más recursos consecuencia del cambio de sistema", explicó el secretario de Estado de Hacienda.

Otros factores de corrección que se incluyen serán la insularidad (igual que los anteriores ya estaba reconocido en el sistema de financiación actual) y, probablemente, la población en edad escolar. Este último es reivindicación de Andalucía. Lo que todavía no se conoce es lo más clave: cuánto pesará cada uno de los criterios en la fórmula final que marque cuanto recibe cada comunidad. Pese a todo, el Gobierno sí asegura que criterios como la dispersión sí contarán más que ahora. "La voluntad es que el modelo recoja un mayor peso" de estos criterios, explicó Ocaña.

Otra novedad respecto al sistema que ya existe es que antes había una fórmula diferente para calcular la financiación según fuese educación, sanidad u otro tipo de competencias y ahora se establecerá un único modelo que garantizará esos servicios independientemente de donde se resida, cosa que no sucede ahora.

La decisión de los parlamentarios de incluir en el Estatuto de Aragón la necesidad de que el Estado "ponderase" estos criterios correctores en el futuro sistema de financiación se debe a las características de la propia autonomía. Como explican, no es lo mismo prestar atención sanitaria en una comunidad como Madrid (con toda la población viviendo en un territorio relativamente pequeño) que en Aragón (donde hay mucho territorio con una población muy dispersa). Igual ocurre con la educación, con todo el coste extra que supone mantener escuelas en pequeños núcleos disperso y el propio transporte escolar entre estos pueblos.

Aragón ha sido una de las comunidades más discretas en esta negociación. Así, el consejero Alberto Larraz aparentemente ha dejado el éxito de buena parte de las reivindicaciones aragonesas a la presión que ejercían otras comunidades. En este sentido, Aragón se ha quedado fuera tanto del frente liderado por Cataluña y Valencia como por el de Galicia y Castilla y León.

El problema es que la comunidad se encuentra en una posición intermedia (tiene un PIB por habitante que la sitúa en el primer grupo de negociación, pero a la vez está despoblada y sufre los problemas de la dispersión, como las autonomías del segundo). Esta circunstancia ha ayudado a que el Ejecutivo PSOE-PAR haya optado por la discreción en la negociación y por confiar en que el Gobierno central llegase a un acuerdo que fuese un punto intermedio entre lo que propone el frente de las autonomías ricas y el otro.

El perfil bajo que ha tenido Aragón ha llegado al extremo de excluir de la negociación a la comisión mixta de asuntos económicos y financieros. Este órgano, creado por el Estatuto de Aragón, ha quedado relegado en esta ocasión en favor de contactos bilaterales entre técnicos y responsables políticos de las dos administraciones.

Si una parte de la negociación se refiere a cómo se computan los criterios correctores de la población, también es relevante para Aragón la que se ha dirigido en torno a qué fondos se ceden directamente a los gobiernos autonómicos. Así, hasta ahora todas las comunidades asumían de forma directa el 33% del IRPF y el 35% del IVA. Ahora, se plantea que la cesión llegue hasta el 50 %. Además, se prevé elevar la de los impuestos especiales (los que gravan entre otros el alcohol y el tabaco) al 58 %. Actualmente lo que gestionaban de forma directa las comunidades era el 40 %.

Por otra parte, fuentes del Ejecutivo central han asegurado que el acuerdo que se está pactando ahora incluye a todas las competencias transferidas. Así, por un lado están los llamados servicios esenciales (educación, sanidad y servicios sociales), que contarán con el esquema de financiación ya planteado. Por otro lado, también se incluirán fondos para cubrir todas las competencias de las que son titulares las autonomías, como por ejemplo la de medios materiales de Justicia, que en el caso de Aragón se gestiona desde hace apenas un año.

  
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