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AragónPSOE e IU dudan sobre la continuidad de García Vicente como Justicia
Redacción (NJ) (Dec 15, 2008) Aragón
Las Cortes de Aragón tendrán que decidir a principios de 2009 quién estará al frente del Justiciazgo los próximos cinco años, ya que a finales de este mes Fernando García Vicente finaliza su segundo mandato consecutivo en la institución. A priori, el anteriormente fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huesca cuenta con muchas opciones de proseguir como defensor del pueblo de la comunidad autónoma, aunque en los grupos parlamentarios de PSOE e IU hay alguna que otra duda sobre la oportunidad de renovar el cargo.

En el caso de Izquierda Unida, la cuestión es de coherencia interna con los estatutos de la coalición. La formación política, que mantiene hacia García Vicente y su labor una posición neutral, se ha impuesto el límite de dos mandatos para todos los cargos públicos, aunque se admite un tercero en situaciones especiales.

La actual dirección de IU es partidaria de exigir el cumplimiento de esa premisa en todos los ámbitos públicos, no solo en aquellos de carácter estrictamente político o que atañan en exclusiva a miembros de la coalición. De todas formas, los responsables de IU son conscientes de que la iniciativa sobre el Justicia, que requiere para su nombramiento o cese la mayoría cualificada de tres quintas partes de la Cámara (41 diputados), debe recaer en los grupos con mayor representación.

El Partido Popular, al igual que PAR y CHA, se muestra satisfecho con el trabajo desarrollado por García Vicente y no ve inconvenientes para que desarrolle un tercer mandato, pero en las filas del PSOE las cosas no están tan claras y hay diversidad de opiniones. Esas diferencias se basan, exclusivamente, en la decisión que en su momento adoptó el Justicia de intervenir en la polémica del fallido trasvase a Barcelona.

Como se recordará, los servicios jurídicos del Gobierno aragonés emitieron un informe que exoneraba al Ejecutivo de Marcelino Iglesias de tener que oponerse judicialmente a ese proyecto hidráulico al considerar que, como concepto jurídico, no era realmente un trasvase hídrico. Fernando García Vicente decidió motu propio, y por su misión de defensa del Estatuto de Autonomía y tutela del ordenamiento jurídico aragonés, abordar la cuestión a los pocos días.

El informe del Justicia fue muy distinto al de la DGA, ya que consideró que el decreto del Gobierno central para transferir caudales del Ebro a Barcelona vulneraba artículos del Estatuto y la Constitución, por lo que sugirió a las Cortes y a la DGA la interposición de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional.

La polémica acabó poco después gracias a las copiosas lluvias que obligaron a anular la operación trasvasista, pero el análisis del Justicia fue recibido por una parte del PSOE como una afrenta. En el calor del momento (el más delicado para la formación socialista desde su llegada al Pignatelli en 1999) varios altos cargos no se escondieron para afirmar en voz alta y en distintos escenarios que García Vicente no seguiría al frente del Justiciazgo.

Fuentes del PSOE consultadas por este periódico admiten este extremo, pero aseguran que aquellas palabras fueron fruto de una tensión ya superada y resaltan la independencia del trabajo del Justicia respecto a los poderes políticos. En este sentido, cabe recordar, por poner un ejemplo, que García Vicente ha emitido varios informes sobre la polémica de los bienes religiosos del Aragón Oriental y todos son coincidentes con la tesis mantenida por la DGA de evitar los tribunales civiles.

Las mismas fuentes aseguran que el núcleo duro del partido, con el mismo Iglesias a la cabeza, es mucho más partidario de la continuidad del actual Justicia que de buscar un relevo porque bajo sus mandatos la institución ha mejorado su gestión, ha ganado en conocimiento y aprecio ciudadano y presenta un balance global positivo.

  
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