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AragónEl Justicia de Aragón presentó su informe del año 2007
Redacción (NJ) (Nov 14, 2008) Aragón
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, presentó ayer en el pleno de las Cortes autonómicas y ofreció sus sugerencias respecto a determinados aspectos sociopolíticos de actualidad que han generado quejas de los ciudadanos ante su institución.

El Justicia informó de que durante el pasado ejercicio la institución que preside tramitó 1.978 quejas, un 5% más que en el 2006, y dijo que resolvió 1.247. Asimismo, señaló que había realizado 263 resoluciones (sugerencias y recomendaciones), de las que solo fueron rechazadas quince. Sin embargo, se quejó de un 40% que de los 96 expedientes incoados por problemas de urbanismo quedó sin respuesta por parte de los organismos afectados, principalmente ayuntamientos.

Por materias, la que recibió un mayor número de quejas (178) fue la educación, seguida de la función pública (160), sanidad (153), medio ambiente (146), interior (127), asistencia social (113), servicios públicos (107) y justicia (102).

Además, del total de quejas tramitadas en el 2007, 516 correspondieron al ámbito de competencias de la Administración Local, 668 al de la comunidad autónoma y 98 al Estado. El resto, hasta 1.938, comprenden los expedientes rechazados, y los remitidos al Defensor del Pueblo, a otros comisionados, a colegios profesionales y a empresas privadas que gestionan servicios públicos, como Telefónica (12), Endesa (%), Expoagua (6) y Adif (5), en relación con el servicio ferroviario.

Así mismo, destacó la petición de que se prioricen los servicios de la Ley de la Dependencia antes que las prestaciones económicas estipuladas en esa norma.

El Justicia recordó que en Aragón viven un número de dependientes mayor del previsto, lo que dificulta la puesta en marcha de la norma, y respaldó la decisión de la DGA de conceder retroactividad a las prestaciones económicas ante las dificultades para desarrollar el procedimiento de valoración de las personas que han solicitado ser atendidas. Dado que las ayudas económicas serán contabilizadas desde la fecha en que se inicie cada expediente, García Vicente pidió dar prioridad a los servicios, que no pueden tener ese carácter retroactivo.

También abordó la polémica sobre el juzgado de guardia creado en mayo en Zaragoza para la Expo y recientemente eliminado a pesar de las protestas de jueces y abogados. Para García Vicente, aunque es cierto que por las estadísticas ese segundo juzgado de guardia "no cubre las expectativas", habría que incluir otros criterios a la hora de ampliar ese servicio, porque "la estadística es algo relativo". A su modo de ver, resultaría "más fiable" establecer los juzgados según la población, ya que no es razonable que Sevilla, con 30.000 habitantes menos que Zaragoza, tenga ocho juzgados de instrucción más.

Entre otras muchas cuestiones, se refirió también a la de la gran bandera de España ubicada junto al monumento al Justiciazgo, sobre la que ha recibido tres quejas, una de ellas "suscrita por cuatrocientas personas". García Vicente comentó que las enseñas de España y Aragón "pueden estar en cualquier lugar" de la comunidad "porque están en su casa", pero apostilló que la Ley de Banderas estipula que "donde esté una bandera tiene que estar la otra con el mismo nivel".

Por ese motivo, el Justicia sugirió entender el paseo de la Independencia como "una unidad" y llevar el guión español a la plaza de España e instalar el aragonés en la de Aragón. En caso de no estimarse esa posibilidad, propuso colocar ambas banderas junto al monumento a Juan de Lanuza.

  
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