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AragónEl acceso a la VPO cambia en noviembre
Redacción (NJ) (Oct 24, 2008) Aragón
La reforma del sistema de adjudicación de las viviendas de protección oficial (VPO) entrará en vigor el próximo mes de noviembre. El consejero Alfonso Vicente anunció ayer en la Comisión de Obras Públicas de las Cortes que el texto del nuevo reglamento "está ya listo, ha recibido el informe definitivo de la Comisión Jurídica Asesora (COJA) y se llevará para su aprobación al próximo Consejo de Gobierno", que es el 4 de noviembre. Por lo que las novedades se aplicarán ya en los próximos sorteos.

La nueva norma tendrá efectos inmediatos para todos aquellos aragoneses que quieran solicitar a partir de ahora una VPO. Por un lado, se cambia el reglamento de registro único de demandantes o Toc-Toc. Y, por otro, se simplifica y agiliza el procedimiento general de adjudicaciones.

Así, quien renuncie por primera vez a uno de estos pisos no podrá optar a otro en tres años; las viviendas rechazadas que queden vacantes tras llamar a los reservas se adjudicarán a los inscritos en el Toc-Toc por orden de antigüedad; los beneficiarios no elegirán qué piso quieren dentro de una promoción, sino que el propio sorteo determinará la vivienda (portal 2, 3ªA, por ejemplo), y a los promotores se les obliga a una mayor publicidad y transparencia cuando las adjudicaciones les corresponde a ellos.

Estas modificaciones normativas buscan desatascar el actual sistema, que arrastra retrasos en las adjudicaciones de hasta años para determinadas promociones de VPO, como está ocurriendo en la actualidad en Valdespartera. Un hecho que, en estos momentos de crisis económica, está afectando incluso a la financiación de las propias promotoras.

Además, con la actualización del propio registro se pretende conocer con exactitud cuál es realmente la demanda de vivienda protegida en la comunidad y sus tipologías. Si es de alquiler o compra, si es de cupo general, precio básico o tasado. Y para ello se ha introducido la obligatoriedad de acreditar unos ingresos mínimos no inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREIM) para los demandantes de vivienda en propiedad. Así como la posibilidad de que el interesado restrinja su demanda a pisos de una determinada superficie.

  
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