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AragónObligan a los 'todo a 100' a tener hojas de reclamaciones
Redacción (NJ) (Aug 27, 2008) Aragón
Los consumidores aragoneses ya pueden tramitar sus quejas en los 'todo a 100' a través de las hojas de reclamaciones que dichos establecimientos tienen la obligación de disponer. Al igual que lo están también todos los profesionales de servicios. Esta novedad en materia de consumo es consecuencia de la orden que el pasado mes de abril aprobó el Ejecutivo aragonés, y que entró en vigor el 16 de agosto.

No obstante, se ha dado un plazo de tres meses de adaptación a esta situación. La universalización del uso de las hojas de reclamaciones es toda una ventaja que permite al consumidor evitar abusos.

El director general de Consumo, Francisco Catalán, explica que la consejería llevaba tiempo trabajando sobre esta medida. Primero, con campañas de información en los comercios. Y, después, con la firma de sendos convenios con la Cámara de Comercio, y con Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos para distribuir las hojas. "En la actualidad estamos estudiando un nuevo convenio con los graduados sociales, que también están afectados", añade.

En el año 2001, el Gobierno de Aragón aprobó la orden por la que se regulaban las hojas de consumo. Y desde entonces, se ha ido ampliando la obligación de disponer de estas hojas a todos los sectores relacionados con el consumidor. De hecho, el pasado año se presentaron en Aragón un total de 1.792 de estas reclamaciones. El modelo oficial está redactado en castellano, ingles y francés y consta de tres copias. La disposición de estas hojas es obligatoria en todos los establecimientos.

La reclamación puede archivarse si se llega a un acuerdo entre las partes, salvo si hubieran existido infracciones administrativas por parte de la empresa. Y en caso de negativa a facilitar la hoja de reclamación, los datos de la empresa o firmar la copia correspondiente, se puede requerir la presencia de la Policía Local para dejar constancia de los hechos.

Recordar que este procedimiento acarrea una sanción o multa para el establecimiento o profesional, siempre y cuando los servicios de consumo encuentren pruebas para ello. Pero para obtener una compensación económica por los daños y perjuicios causados, hay que recurrir paralelamente al Sistema Arbitral de Consumo o a la vía judicial.

  
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