REPORTAJES  •  29-3-2004

El Ebro Pide Paz
Héctor Mendal (NJ)

Se ha escrito, debatido, polemizado, hablado mucho sobre el trasvase del Ebro, aquella obra faraónica que el Partido Popular puso sobre la mesa tras ganar las elecciones del año 2000 y mediante la cual pretendía paliar el problema de la falta de agua en el Levante español trasladando el líquido elemento desde la cuenca del Ebro. Desde aquel año 2000 la sociedad aragonesa, apoyada mayoritariamente por la catalana y por buena parte de la sociedad española, y abanderada por el Ejecutivo aragonés y la gran mayoría de fuerzas políticas de nuestra región -a excepción del Partido Popular- ha luchado, mediante manifestaciones pacíficas, para derogar esta obra. Una obra que es considerada innecesaria e injusta por buena parte de nuestra sociedad.

Cómo se gesta el Plan Hidrológico Nacional

Hagamos un poco de memoria histórica. El Partido Popular presentó su proyecto de Plan Hidrológico Nacional (PHN) el 14 de julio de 2000, aunque ya en abril de 1993, el entonces gobierno socialista, había realizado su propio Plan, que contó con la aprobación del Consejo de Ministros, pero no del Consejo Nacional del Agua (un órgano consultivo que puso condiciones como la elaboración de planes de cuenca y de regadío), y en el que también estaba reflejado un trasvase desde las aguas del Ebro. Hay que recordar que entonces el Partido Popular decía que no iba a permitir ningún trasvase desde el río Ebro hasta otras cuencas; ahora, en el 2004 la situación se ha invertido y es el PSOE el que prometió en su campaña electoral que, de salir elegido su candidato José Luis Rodríguez Zapatero, el agua del Ebro no se aprovecharía fuera de su propia cuenca.

El Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Jaume Matas, encargó a 132 hidrólogos, geólogos, ingenieros, economistas, juristas y sociólogos de toda España, que realizasen un estudio sobre los efectos del Plan. De estos 132 expertos, 82 aceptaron la invitación del Ministerio para evaluarlo. De ellos, 61 se mostraron contrarios a la realización del mismo y pidieron su retirada inmediata. Del mismo pensamiento era el Consejo Nacional del Agua, un órgano consultivo que ejerce de juez en la correcta aplicación del Plan Hidrológico, y al que el PP tardó cinco meses en convencer. El 30 de enero de 2001 el Pleno del Consejo Nacional del Agua daba su visto bueno al PHN con 69 votos a favor por 15 en contra (Aragón, Baleares, Asturias, Andalucía, tres de grupos ecologistas, dos de organizaciones agrarias, cuatro de expertos en hidrología y dos de usuarios de Andalucía).

El 9 de febrero de 2002, el Plan fue aprobado por el Consejo de Ministros. Se daba así luz verde a la realización de un proyecto (cuyas obras fueron inauguradas en Murcia y Almería a un mes de las pasadas elecciones del 14 de marzo por el, hasta entonces, Presidente del Gobierno Jose María Aznar) con una financiación presupuestada de 24 mil millones de euros, -de los cuales, cuatro mil irían destinados al trasvase-, más de ocho años de ejecución, más de un centenar de embalses y pantanos y un gran trasvase que llevaría 1.050 hectómetros cúbicos anuales (más de 100.000 millones de litros) desde el Ebro a un precio aproximado de 0'31€ el metro cúbico para distribuirlos por las tierras de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Los estudios realizados posteriormente por el Ejecutivo Aragonés relataron que el presupuesto real de las obras del trasvase del Ebro sería de 8.000 millones de euros, mientras que el precio del metro cúbico ascendería a 75 céntimos de euro.

En qué consiste el Plan Hidrológico Nacional

En el PHN del Partido Popular se amparaba el trasvase de aguas desde la Cuenca Hidrográfica del Ebro hasta las del Guadiana, Segura y Guadalquivir, además de la construcción de nuevos embalses y la puesta en marcha de medidas ahorradoras que contribuirían a optimizar la gestión de un bien tan escaso en nuestro país como es el agua. Y es que el líquido elemento está distribuido, en España, de manera muy irregular puesto que las lluvias se concentran en el litoral cantábrico y Galicia, formando la llamada "España húmeda", frente al resto del territorio, acuciado por la sequía. En nuestro país, además, el agua se desperdicia notablemente ya que sólo la agricultura consume el 80% del agua dulce del país más árido de la Unión Europea y, aproximadamente, el 30% del agua que circula por las cañerías de nuestras ciudades se pierde por lo obsoleto de las instalaciones que forman la red de tuberías nacionales.

En el debate sobre el PHN ha pasado prácticamente desapercibido el hecho de que en el reparto de nuevos caudales en la Cuenca del Júcar, derivado del trasvase del Ebro, se le asignasen a Castilla La-Mancha del orden de 200 Hm3 de nuevas dotaciones de agua, cantidad superior a la que fue asignada tanto a Cataluña (190 Hm3) como a Almería (95 Hm3). La grave problemática del agua en Castilla-La Mancha fue una de las claves del PHN, así como la razón por la que José Bono, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y destacado dirigente del PSOE, se opuso a que su partido mantuviera el apoyo a la enmienda contra el trasvase votada en el Parlamento Europeo en el pasado mes de febrero.

Unas técnicas de riego obsoletas

En los regadíos mediterráneos se utilizan unas técnicas de riego obsoletas. Aproximadamente en el 50% del regadío murciano se emplea el sistema de inundación, uno de los que peor aprovecha el agua; además no se respetan los turnos de riego, realizándose muchos más de los que se pueden permitir con poca cantidad de agua.

Si se aplican mejores técnicas de regadío, utilizando el riego por goteo -técnica que se prevé llegue a 70.000 hectáreas de la Región de Murcia en el 2008-, se puede ahorrar hasta el 50% de este caudal de agua sin mermar su rendimiento. Si a ello unimos que, entre el 30% y el 40% del agua que llega a una ciudad con una población similar a la de Valencia, se pierde por fugas, y que el 70% del regadío existente en Levante y Andalucía es ilegal y, por tanto, escapa al control de la Administración Pública, el panorama es desalentador. La mayor parte de las explotaciones agrarias son, además, de pequeño tamaño, mientras que la concentración parcelaria permitiría un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.

Los diversos colectivos que se muestran contrarios al trasvase del Ebro piden el aumento de las desaladoras existentes en el litoral mediterráneo, la plena reutilización del agua, un nuevo plan de regadíos, y una mejora de las infraestructuras. Es la denominada "Nueva Cultura del Agua", consistente, sencillamente, en un mejor aprovechamiento de la misma.

Aragón dice "No al trasvase"

La principal obra del Plan Hidrológico Nacional que ideó el Partido Popular era el trasvase del Ebro, lo que motivó la repulsa de los regantes de las cuencas y de las Comunidades Autónomas afectadas. La ciudadanía se echó a la calle en una oleada de manifestaciones multitudinarias por los principales puntos de la geografía española que terminó desembocando en Bruselas, para pedir la retirada del PHN ante la Unión Europea. Un Plan considerado injusto e insolidario por buena parte de la comunidad de regantes de Aragón y de Cataluña y que, sin embargo, fue tildado de "paseo militar" por el entonces Ministro de Agricultura Arias Cañete.

El Plan se centra en las grandes obras, sin contemplar otras infraestructuras para afrontar los cada vez más frecuentes periodos de sequía que asolan Aragón. Es conveniente recordar que la zona de Los Monegros es una de las más áridas del país. En Aragón hacen falta infraestructuras que mejoren los regadíos e, incluso, los sistemas de agua para consumo. Nonaspe, Calanda, Valmadrid, Monegros,... son sólo algunas de las zonas a las cuales el agua, o no llega, o no lo hace en las condiciones en las que debería, sino en cisternas.

El trasvase tendría efectos irremediables en los ecosistemas acuáticos ligados al río Ebro, incluso con pérdida de playas, puesto que la salinización a que se vería afectado el Delta del Ebro haría que el Mediterráneo "ganase terreno" al río. También hay que tener en cuenta que no se ha contemplado el cambio climático ya que, según estudios oficiales, dentro de 25 años el Ebro sólo tendrá agua para atender su cuenca. El Gobierno, además, no tuvo en cuenta ni la opinión de los expertos ni la presión social, puesta de manifiesto en las continuas y masivas manifestaciones anti-trasvase. Cada vez son más las voces que afirman que el trasvase sólo beneficiaría a las grandes empresas constructoras, encargadas de la realización de las obras, y a los especuladores del suelo en las tierras levantinas.

Qué ha cambiado tras la victoria del PSOE en las elecciones del 14 de marzo

El PSOE proclamó "con la boca pequeña" -en un principio no estaba incluído en el programa electoral del grupo socialista- que se derogaría el Plan Hidrológico Nacional ideado por el Partido Popular si su candidato Jose Luis Rodríguez Zapatero era elegido como nuevo Presidente del Gobierno español. A la mañana siguiente a las elecciones, en las que resultó vencedor, el conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Cataluña, Salvador Milà, exigió a la ministra del ramo en funciones, Elvira Rodríguez, la inmediata detención de las expropiaciones de los terrenos afectados por las obras del trasvase en Cataluña mientras se constituía el nuevo Gobierno. Por su parte, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, se dirigía al Presidente del Gobierno en funciones, José María Aznar, para solicitarle la retirada del proyecto.

El PSOE estudia la posibilidad de incluir en su PHN alternativo un minitrasvase a la provincia de Castellón de entre 60 y 80 hectómetros cúbicos. Los dirigentes socialistas no descartan por completo usar supuestos excedentes del Ebro para paliar el teórico déficit hídrico de la Comunidad Valenciana, aunque de una forma más limitada que en el Plan elaborado y aprobado por el Ejecutivo de Aznar. Los planes del Partido Socialista del País Valenciano respecto al Ebro tienen similitudes con los del actual PHN. El Plan del PP estipula una cesión a la cuenca del Júcar de 315 hectómetros cúbicos, de los cuales algo más de 80 se quedarían en la provincia de Castellón. Además, ambos proyectos se basan en el aprovechamiento del canal Cherta-Calig, parcialmente construido desde hace décadas, aunque nunca se ha utilizado. Para los técnicos del PHN, la utilización de esta infraestructura minimizaría el impacto ambiental y mejoraría su viabilidad económica al evitar actuaciones de gran envergadura.

Para Marcelino Iglesias, el trasvase del Ebro "ya no es una amenaza ni para Aragón ni para España" tras la victoria en las urnas del PSOE. El futuro Gobierno socialista seguirá ejecutando el actual PHN mientras que el trasvase del Ebro será paralizado, hasta que se apruebe el plan alternativo a finales de este mismo año. Este plan contempla más de cien obras referidas a la reutilización, depuración, desalación del agua, modernización de riegos y prevención contra avenidas. Los socialistas aseguran que con su PHN alternativo el agua llegará a las zonas más deficitarias de Valencia en el mismo 2008 " de una forma más barata, rápida y con la financiación europea asegurada". De hecho, en los próximos presupuestos de 2005 se incluirán actuaciones del actual PHN.