REPORTAJES  •  5-4-2003

Hace casi tres años que el Partido Popular presentó el Plan Hidrológico Nacional, pero éste sigue siendo motivo de debate y controversia.

La Segunda Batalla del Ebro
Héctor Mendal Escario
Alumno del Instituto de Ciencias de la Comunicación (2º curso)

El mes de marzo de 2003 será recordado como un mes con una actividad frenética, referente al Plan Hidrológico Nacional (PHN). A comienzos del mismo, aproximadamente 600.000 personas se manifestaban en Valencia a favor del Plan. Días más tarde, el Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón Marcelino Iglesias, acudía a Bruselas para presentar ante la comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea, Margot Wallström, cinco informes, avalados por reconocidos expertos mundiales en la materia, que ponen en entredicho las bases del Plan Hidrológico Nacional. El Ejecutivo aragonés convocaba una nueva manifestación, el próximo 23 de abril en Zaragoza, para mostrar el rechazo al Trasvase. La batalla por el Ebro continúa.

Las aguas de nuestro país están distribuidas de manera muy irregular. Las lluvias se concentran en el litoral cantábrico y Galicia, formando la llamada "España húmeda", frente al resto del territorio, acuciado por la sequía. En España, además, el agua se desperdicia. Sólo la agricultura consume el 80% del agua dulce del país más árido de la Unión Europea.

En el PHN se ampara el trasvase de aguas desde la Cuenca Hidrográfica del Ebro hasta las del Guadiana, Segura y Guadalquivir, además de la construcción de nuevos embalses y la puesta en marcha de medidas ahorradoras que contribuyan a optimizar la gestión de un bien tan escaso en nuestro país.

El Partido Popular presentó su proyecto el 14 de julio de 2000, aunque ya en abril de 1993, el entonces gobierno socialista, había realizado su propio Plan, que contó con la aprobación del Consejo de Ministros, pero no del Consejo Nacional del Agua.

Los daños al medio ambiente o el uso irracional del agua, así como el peligro de extinción de la nutria –considerada de "interés especial" por el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas -, son sólo una parte de los muchos argumentos contra el proyecto del PP. Las grandes obras que se contemplan en el PHN provocarían graves efectos sociales y medioambientales.

El Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Jaume Matas –embarcado ahora en la carrera por la Presidencia de Baleares–, encargó a 132 hidrólogos, geólogos, ingenieros, economistas, juristas y sociólogos de toda España, que realizasen un estudio sobre los efectos del Plan. De estos 132 expertos, 82 aceptaron la invitación del Ministerio para evaluarlo. De ellos, 61 se mostraron contrarios a la realización del mismo y pidieron su retirada inmediata. Del mismo pensamiento era el Consejo Nacional del Agua órgano consultivo que ejerce de juez en la correcta aplicación del Plan Hidrológico, y al que el PP tardó cinco meses en convencer. Hay que recordar que el Ebro forma parte de un ecosistema, y que si no llega suficiente caudal al Mediterráneo, la salinidad del mar irá ganando terreno al río, con la consiguiente salinización de los terrenos del Delta del Ebro.

El entonces ministro de Medio Ambiente Jaume Matas –sucedido en la actualidad por María Elvira Rodríguez Herrer, antigua secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos–, hizo caso omiso de la opinión de los expertos. El 30 de enero de 2001, el Pleno del Consejo Nacional del Agua daba su visto bueno al PHN, con 69 votos a favor por 15 en contra (Aragón, Baleares, Asturias, Andalucía, tres de grupos ecologistas, dos de organizaciones agrarias, cuatro de expertos en hidrología y dos de usuarios de Andalucía).

El 9 de febrero de 2002, el Plan fue aprobado por el Consejo de Ministros. Se daba así luz verde a la realización de un proyecto con una financiación presupuestada de 24 mil millones de euros, –de los cuales, cuatro mil irían destinados al Trasvase–, más de ocho años de ejecución, más de un centenar de embalses y pantanos y un gran trasvase que llevará 1.050 hectómetros cúbicos anuales (más de 100.000 millones de litros) desde el Ebro, a un precio aproximado de 0'31€ el metro cúbico para distribuirlos por las tierras de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Los recientes estudios realizados por el Ejecutivo Aragonés relatan que el prepuesto real de las obras del Trasvase del Ebro sería de 8.000 millones de euros, mientras que el precio del metro cúbico ascendería a 75 céntimos de euro.

En los regadíos mediterráneos se utilizan unas técnicas de riego obsoletas; prácticamente, en el 50% del regadío murciano se emplea el sistema de inundación, uno de los que peor aprovecha el agua; además no se respetan los turnos de riego, realizándose muchos más de los que se pueden permitir con poca agua.

Si se aplican mejores técnicas de regadío, utilizando el riego por goteo –técnica que se prevé llegue a 70.000 hectáreas de la Región de Murcia en el 2008–, se puede ahorrar hasta el 50% de este caudal de agua, sin mermar los rendimientos del mismo. Si a lo expuesto anteriormente unimos que, entre el 30% y el 40% del agua que llega a una ciudad con una población similar a la de Valencia, se pierde por fugas, y que el 70% del regadío existente en Levante y Andalucía es ilegal y, por tanto, escapa al control de la Administración Pública, el panorama es desalentador. La mayor parte de las explotaciones agrarias son, además, de pequeño tamaño, mientras que la concentración parcelaria permitiría un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.

Los diversos colectivos que se muestran contrarios al Trasvase del Ebro piden el aumento de las desaladoras existentes en el litoral mediterráneo, la plena reutilización del agua, un nuevo plan de regadíos, y una mejora de las infraestructuras. Es la denominada "Nueva Cultura del Agua", consistente, sencillamente, en un mejor aprovechamiento de la misma.

El Plan se centra en las grandes obras, sin contemplar otras infraestructuras para afrontar los cada vez más frecuentes periodos de sequía que asolan Aragón. Es conveniente recordar que la zona de Los Monegros es una de las más áridas del país. En Aragón hacen falta infraestructuras que mejoren los regadíos, e incluso los sistemas de agua para consumo; Nonaspe, Calanda, Valmadrid, Monegros,... son sólo algunas de las zonas a las cuales el agua, o no llega, o no lo hace en las condiciones en las que debería, sino en cisternas.

El Trasvase tendría efectos irremediables en los ecosistemas acuáticos ligados al río Ebro, incluso con pérdida de playas, puesto que la salinización a que se vería afectado el Delta del Ebro haría que el Mediterráneo "ganase terreno" al río.

También hay que tener en cuenta que no se ha contemplado el cambio climático ya que, según estudios oficiales, dentro de 25 años el Ebro sólo tendrá agua para atender su cuenca. El Gobierno, además, no está teniendo en cuenta ni la opinión de los expertos ni la presión social, puesta de manifiesto en las continuas y masivas manifestaciones anti-trasvase. Cada vez son más las voces que afirman que el trasvase sólo beneficiaría a las grandes empresas constructoras, encargadas de la realización de las obras, y a los especuladores del suelo en las tierras levantinas.

En Aragón se ha proyectado la realización de tres grandes pantanos: El recrecimiento del Pantano de Yesa, el Pantano de Santaliestra y el de Biscarrués.

El recrecimiento de Yesa inundaría gran parte del Camino de Santiago que transcurre por Aragón, ampliando el pantano ya realizado y poniendo en peligro el pueblo de Sigüés. La inundación de este municipio de 185 habitantes perteneciente a la Comarca de la Jacetania, se evitaría con la construcción de dos muros de contención, lo que ha motivado preocupación en los habitantes de la zona, debido al peligro que conllevaría un derrumbamiento de los mismos. La seguridad de la presa de este pantano está en entredicho, puesto que se encuentra abierto un proceso judicial en el que se hayan imputados varios altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente, por posibles delitos de corrupción y de desobediencia con la Justicia.

El Pantano de Santaliestra inundaría gran parte del Valle del río Ésera, pero su construcción está actualmente en punto muerto. La Audiencia Nacional ha aprobado una sentencia en su contra por posibles desprendimientos en la ladera del pantano. Como ocurre con el recrecimiento de Yesa, varios altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente se encuentran imputados.

Por último, el Pantano de Biscarrués inundaría gran parte de La Galliguera –nombre con que se denomina a los alrededores de los Mallos de Riglos–, uno de los principales focos turísticos de Aragón, dejando bajo las aguas una zona de gran valor natural, además de una gran parte de la carretera por la que se accede a los Mallos. También se ha abierto una investigación judicial sobre la construcción de este pantano.

La solución al conflicto es una nueva cultura del agua que parta de un principio básico: ningún nuevo gran embalse –ya que matan ecosistemas vivos y agravan los desequilibrios entre la montaña y el llano– y ningún trasvase entre cuencas –se ha demostrado que la desalación del agua marina es mucho más económica y efectiva–. Tenemos que aprovechar mejor el agua, mejorando la calidad de la misma, las infraestructuras y las mejoras de los sistemas de regadío, gestionándola así con más eficiencia, economía y justicia.